Zapatero valoró hacer hábil el mes de agosto en los juzgados
El exministro de Justicia, Francisco Caamaño, admite que se desechó por la dificultad de cuadrar las vacaciones
El exministro de Justicia Francisco Caamaño, admitió ayer a RNE que la posibilidad de habilitar agosto para celebrar juicios se valoró bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Nosotros vimos esta opción y encontramos que tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. El problema de los procesos judiciales en España no es la duración del mes de agosto porque un proceso que está previsto en la ley para un año a veces tarda tres o cuatro", manifestó.
No obstante, recordó a su sucesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, que el mayor escollo de la justicia en España no es el mes de agosto, aunque calificó la propuesta de habilitar procesalmente ese periodo de "muy buena decisión" si consigue "agilizar" el sistema judicial.
Ruiz-Gallardón está decidido a acabar con determinadas "costumbres" que hacen que la justicia española sea poco competitiva. Entre jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y procuradores, aunque con matices, se entiende que esta medida por sí sola no agilizará el funcionamiento de la justicia. "Lo que sea agilizar y lo que sea llegar a un consenso para que la justicia tarde menos a mí me parece siempre una muy buena decisión", recalcó Francisco Caamaño.
Ahora bien, el exministro avisó de que esta medida puede traer consigo "pequeños inconvenientes" como, por ejemplo, la organización de los descansos vacacionales de los profesionales de la magistratura tras un año de trabajo. El Consejo General de la Abogacía estima que se tendrían que suspender el 10% de los juicios señalados para agosto por falta de testigos o peritos.
En cualquier caso, Caamaño mostró su deseo de que el nuevo Gobierno, y en concreto Alberto Ruiz-Gallardón, ponga en marcha "lo antes posible" las modificaciones y las reformas de la Ley de Agilización Procesal que realizó el anterior Ejecutivo.
El nuevo ministro y buena parte de la judicatura consideran una anomalía el elevado número de asuntos, 9,3 millones, que ingresan en todas las jurisdicciones anualmente. Descargar a los tribunales es una de las prioridades del Gobierno.