Los profesionales recelan de que hacer hábil agosto agilice el sistema judicial
Jueces, fiscales, abogados y procuradores coinciden en que la propuesta del ministro de Justicia de habilitar el mes de agosto a efectos procesales no será suficiente para desatascar el sistema. Sostienen que esta medida entraña dificultades en su aplicación y plantean que haya juicios por las tardes o se fuerce al cumplimiento íntegro de los horarios laborales.
Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, deslizó el martes en la toma de posesión de altos cargos de su departamento que España tiene que dejar atrás determinadas "costumbres" que hacen que la justicia no sea "competitiva". Por ello, quiere hacer de agosto un mes hábil a efectos procesales en todos los ámbitos, pues ya lo es en la jurisdicción penal. El atasco en la justicia -un procedimiento civil se puede demorar entre 6 y 8 años- se produce en parte por la gran cantidad de asuntos que llegan a los tribunales: 9,3 millones en 2010.
El planteamiento de Ruiz-Gallardón ha causado sorpresa en el mundo judicial. Fuentes jurídicas consultadas ven más efectivo abrir los juzgados por las tardes todo el año y "forzar el cumplimiento de horarios". Recelan de la medida porque al final si el juez no se va de vacaciones en agosto "se irá en junio y el juzgado se paralizará". Añaden que no están solo implicados jueces, sino también fiscales, abogados, procuradores, peritos, etc.
Enrique Bacigalupo, socio del despacho DLA Piper y magistrado del Tribunal Supremo en excedencia, explica que es "acertado" que el ministro tenga la intención de incrementar la productividad en el sistema judicial y está convencido de que Ruiz-Gallardón lanzará un plan de actuación con varias medidas para la consecución de este objetivo. No obstante, no se trata solo de la productividad de los jueces sino que este tipo de medidas afectan también a abogados y notarios.
La opinión entre los colectivos de jueces está dividida. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria, ve con buenos ojos el señalamiento de juicios en agosto. Apunta que este mes se podrían celebrar los que no precisan de testigos y así no se perturbaría el descanso de estos. Para respetar las vacaciones de los abogados, sugiere que se celebren los juicios en los que participen letrados del turno de oficio.
Jueces para la Democracia cree que la medida de Ruiz-Gallardón es "populista" mientras que la asociación Francisco de Vitoria piensa que abrir los juzgados es una opción poco efectiva. El CGPJ no se pronuncia y se desvincula de las afirmaciones de Fernando de Rosa, vocal y vicepresidente, que está de acuerdo con la medida. En la segunda quincena de julio y la primera de septiembre se suspenden numerosos juicios porque peritos o testigos están de vacaciones, una situación que se extendería también a agosto si este mes se hace hábil a efectos procesales. En líneas generales, entre la judicatura se considera una anomalía el elevado número de casos que llegan a los tribunales de todas las jurisdicciones cada año. Cuando en España son 9,3 millones de asuntos con 45 millones de habitantes, en Francia se generan seis millones de casos pero el país vecino tiene 60 millones de habitantes.
La pretensión de Justicia es descargar de asuntos a los tribunales. Una de las formas de hacerlo es desjudicializar las cuestiones menores y desviar asuntos a otros profesionales del sistema judicial, como son los notarios.
Entre los secretarios judiciales hay división de opiniones. El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales destacó que actuaciones relativas a la ejecución de resoluciones relativas a desahucios, lanzamientos, embargos, notificaciones o entregas de cantidades ingresadas en la cuenta de consignaciones en los juzgados "no pueden estar paradas" durante el mes de agosto. Por su parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) advierte de que esta medida será una "mera declaración formal más" si no se cambia el modelo organizativo que supone la Nueva Oficina Judicial.
Los fiscales creen que perjudicará a los pequeños despachos
La Unión Progresista de Fiscales considera que habilitar agosto "no va a agilizar nada" el sistema judicial y que va a perjudicar especialmente a los pequeños despachos de abogados, que tendrán que continuar operativos durante ese mes. La portavoz de la asociación, María Moretó, cree que se señalarán juicios para agosto y no se podrán celebrar por falta de testigos o peritos, lo que supondrá un alza de costes.Moretó cree que más necesaria una fuerte inversión en tecnología y hacer compatibles los diferentes sistemas informáticos de las comunidades autónomas. Las competencias en justicia están transferidas en algunas regiones y en otras las ejerce el Ministerio.El presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Jiménez Villarejo, ve "interesante" la medida y aboga por celebrar juicios también por las tardes y los sábados por la mañana. En su opinión, es una medida que requeriría consensuar la opinión de todas los profesionales implicados.
Los procuradores piden integrar los sistemas informáticos
El colectivo de los procuradores de los tribunales está directamente afectado por habilitaciones de agosto. El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, sostiene que celebrar juicios es agosto sería una medida "complementaria", pero que antes son necesarias otras. Una de ellas es decidir si se sigue adelante con el modelo judicial actual que marca la Oficina Judicial. Además, cree imprescindible "modernizar y sincronizar" las plataformas informáticas judiciales que conviven en España para facilitar el flujo de información. En el debate de investidura, el propio Mariano Rajoy señaló que esta será una de las prioridades del Gobierno en materia de justicia.Estévez propone además que los procuradores asuman nuevas competencias en el ámbito judicial, lo que supondría un ahorro de costes. "No tenemos una opinión cerrada, pero hacer hábil agosto no nos parece la idea más brillante", explicó Estévez.
Las cifras
8 años tarda en resolverse un asunto civil desde la primera instancia hasta que dicta sentencia el Tribunal Supremo.7 de cada 10 asuntos que ingresan en los tribunales son de tipo penal.