Notarios infrautilizados
La administración española de justicia arrastra consigo patologías sobre las que buena parte de los expertos -y la casi totalidad de sus usuarios- están de acuerdo. Los inadmisibles plazos de espera para la consecución de una sentencia firme en los tribunales, que en algunas jurisdicciones llegan a superar los 10 años, constituye la punta del iceberg de una suerte de ineficiencia crónica cuyos efectos negativos recaen sobre los particulares y las empresas nacionales, pero también sobre los inversores extranjeros.
En ese escenario, el Consejo General del Notariado ha propuesto al nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la asunción de mayores competencias por parte de este colectivo de fedatarios, que tras la drástica caída de las operaciones mercantiles e hipotecarias se considera "infrautilizado". Los notarios proponen que se les permita utilizar su expertise jurídico para ejercer de árbitros -tal y como ya hacen los abogados-, así como que se impulse la asignatura pendiente de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y se desincentive la litigiosidad con una extensión de las tasas judiciales. Todas ellas son propuestas interesantes que conviene valorar para aligerar y mejorar el funcionamiento de una administración de justicia cuyo buen funcionamiento constituye un presupuesto básico para el desarrollo económico.
