El cementerio nuclear en Villar de Cañas cierra siete años de polémica
La elección de Villar de Cañas, en Cuenca, para albergar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares ha puesto fin a siete años de búsqueda, desde que se aprobó su instalación, y de polémica. Las distintas opiniones sobre la energía nuclear han enfrentado a Gobierno, comunidades autónomas y los propios pueblos postulantes.
El segundo Consejo de Ministros de la era Rajoy ha desvelado una incógnita nuclear ya antigua y polémica. Después de siete años, desde que en diciembre de 2004 el Gobierno aprobara su instalación, el nuevo Ejecutivo ha aprobado la colocación del almacén temporal centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca). En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta primera y ministra portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que, desde el 1 de enero de 2011, este retraso costaba a España 60.000 euros diarios.
El pueblo ha resultado elegido, de entre los ocho municipios aptos y candidatos que quedaron finalistas, porque "reúne todas las características técnicas exigidas para este tipo de emplazamientos y el entorno tiene una tasa de paro elevada, por lo que el proyecto tendrá un impacto socioeconómico positivo", afirmaron desde Industria. La inversión prevista en el ATC asciende a 750 millones de euros y generará 300 empleos.
Villar de Cañas ha desbancado a Zarra (Comunidad Valenciana), que había quedado en primera posición en el informe realizado por el Gobierno socialista al respecto el pasado 16 de septiembre. En este informe, la conquense quedaba en cuarta posición, detrás de la mencionada Zarra, Ascó (Tarragona) y Yebra (Guadalajara). El único ATC que existe en España es el de El Cabril (Córdoba), pero solo tiene capacidad para tratar residuos de baja y media actividad. Algunos de los ayuntamientos que querían el almacén debieron superar la desconfianza, cuando no la oposición frontal, de sus comunidades autónomas y de las direcciones regionales de los partidos. Por ejemplo, los entonces presidentes de Cataluña, José Montilla, y de Castilla-La Mancha, José María Barreda, del PSOE ambos, se opusieron de formar contundente a que el ATC estuviera en sus territorios.
Otros, como Castilla y León, fueron cambiando de postura. En un inicio aceptó la idea, a condición de que el Gobierno central se replanteara la decisión de cerrar la central nuclear de Garoña (Burgos), pero luego optaron por separar ambos temas y oponerse al ATC.
Los pronunciamientos en contra de los líderes políticos fueron seguidos por sendas resoluciones de los parlamentos autonómicos, el más tardío el de la Comunidad Valenciana, cuyo entonces presidente, Francisco Camps, se opuso a la instalación por boca de sus consejeros. Junto al debate político, los ecologistas se han opuesto a la instalación y el viernes instaban a los ciudadanos de Cuenca a manifestarse en contra.
En España se generan anualmente, 2.000 toneladas de residuos de baja y media actividad y 160 toneladas de alta actividad. Según Enresa, la solución del almacén temporal es la más utilizada en los países desarrollados con plantas nucleares.
El Gobierno elimina el canon digital y lo sustituye por la compensación de copia privada
El Consejo de Ministros acordó el viernes dar carpetazo definitivo al denostado canon digital y regulará, en cumplimiento de la ley Sinde, la Comisión de Propiedad Intelectual para proteger los derechos de los creadores frente al "expolio" de las páginas de internet de descarga ilegal de contenidos. Ambas medidas fueron anunciadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, quien explicó que el canon digital será sustituido por un sistema de compensación de copia privada.Los criterios de fijación y determinación de esta compensación serán marcados por el Gobierno en un real decreto. La vicepresidenta recordó que la supresión del canon fue acordado por las Cortes a propuesta del PP y subrayó que con esta medida su partido cumple un compromiso electoral.Además, el Gobierno ha dado luz verde, "en cumplimiento" de la denominada ley Sinde, cuyo reglamento dejó sin aprobar el anterior Ejecutivo, a la regulación de la Comisión de Propiedad Intelectual. Sáenz de Santamaría explicó que esta comisión se ocupará de "proteger los derechos de los propietarios, creadores y otros titulares frente al expolio lucrativo de las webs de descargas ilegales".
Futuro almacén
El futuro ATC guardará 7.000 toneladas de combustible de las plantas nucleares y 1.900 metros cúbicos procedentes del desmantelamiento de instalaciones nucleares. Tendrá unos 283 metros de largo, unos 78 metros de ancho y 26 metros de alto. Constará de cinco áreas o edificios.