Una política energética más racional
El ministro de Industria, José Manuel Soria, está decidido a cambiar la política energética aplicada en España hasta ahora, que, proyectada como innovadora, ha resultado a todas luces infinanciable. Amén del juicio que se haga al diseño que ha impuesto en el sector la gestión gubernamental de los últimos ocho años, el Gobierno saliente ha proyectado un modelo con un mix desequilibrado. Un mix con una política tarifaria populista, un incentivo varias veces modificado a la energía renovable que funciona como acelerador del déficit, y una obsesión ideologizada contra la generación nuclear, que ha conducido al desequilibrio tarifario a niveles impropios de un país avanzado y de discutible sostenibilidad.
Si era un modelo sostenible hace media docena de años, hoy aparece como manifiestamente mejorable y de obligada revisión por las circunstancias económicas y financieras en las que se encuentra el país. El nuevo Ejecutivo -que de alguna forma es también heredero del Partido Popular que en los primeros años del siglo cimentó una parte de los pilares defendidos luego por el de Rodríguez Zapatero-, parece dispuesto a aplicar correcciones significativas para hacerlo menos gravoso para el Estado, e indirectamente para los consumidores, aunque parece que la subida de los niveles de precios finales debe elevarse notablemente para financiar todos los costes de generación y transporte. En primer lugar, no parece prisionero de ningún prejuicio ideológico contra la generación nuclear, lo que garantiza que utilizará toda la vida útil disponible en los reactores nucleares en marcha. En buena lógica, y dado que los grupos estarían ya todos ellos amortizados financieramente, supondría un abaratamiento de una parte importante de la energía producida, y el incremento del coste del almacenamiento de residuos se elevaría de forma muy marginal.
Además, aun manteniendo la apuesta por la generación renovable, el ministro Soria ya ha anunciado una revisión sustancial de las primas comprometidas, para ajustarlas tanto a las disponibilidades presupuestarias como a lo que debería considerarse un estímulo razonable a la inversión que no fuese una carga para décadas en las tarifas, como lo es ahora. Esta cuestión puede poner en entredicho la seguridad jurídica prometida a los inversores, pero hoy tiene una prelación evidente la financiera sobre la jurídica.
Estas dos primeras declaraciones de intenciones del nuevo titular de Industria conllevan una reducción significativa de los costes agregados de la energía, que debe llegar al precio de la factura. Pero este debe recoger definitivamente el precio real de lo que los hogares y las empresas consumen, para taponar así una de las vías de agua de la deuda española. No puede mantenerse mucho tiempo el artificioso juego de las primas a la generación, el déficit en la tarifa y los dividendos de las eléctricas.