Proyecto de ley para la Protección de los Consumidores

Madrid exigirá a la banca que especifique si el hipotecado puede optar por la dación en pago

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer el proyecto de ley para la Protección de los Consumidores Mediante el Fomento de la Transparencia en la Contratación Hipotecaria, y autorizó su remisión a la Asamblea de Madrid para su debate.

El objetivo de esta norma es garantizar un derecho básico a los consumidores como es la información, sobre todo en un caso como el de los préstamos y créditos hipotecarios en el que debe quedar claro si el contratante de estos productos incluye como garantía la vivienda hipotecada y el resto de bienes del comprador, o si la única garantía es la vivienda, más conocida esta última como dación en pago.

El texto exige a las entidades de crédito que, con carácter previo a la oferta vinculante, faciliten por escrito al consumidor una información "especialmente detallada" en la que se identifique la identidad del concedente, el tipo de crédito o préstamo a percibir, el importe total y las obligaciones que el consumidor contraerá en caso de la formalización del contrato.

El Gobierno presidido por Esperanza Aguirre también hizo público que presentará un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra el reglamento que desarrolla la Ley del Suelo estatal, aprobada por el anterior Ejecutivo central, ya que considera que invade competencias exclusivas del Gobierno regional en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Aguirre sostiene que la norma estatal "invadía competencias urbanísticas de la Comunidad ya que, entre otras cosas, modificaba el régimen de valoración del suelo, lo que no solo lesionaba el derecho a la seguridad jurídica y económica de los propietarios del mismo, sino que conculcaba el derecho constitucional a la propiedad y a una indemnización justa en caso de expropiación".

Por otra parte, Madrid autorizó ayer el desembolso de 105 millones de euros que permitirán garantizar la asistencia de casi 30.000 madrileños el próximo año, la mayoría de ellos dependientes.