Luz verde al proyecto de Ley, que se remite a la Asamblea para su debate

Madrid da un paso más hacia la transparencia hipotecaria

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde al proyecto de Ley de transparencia en la contratación de hipotecas. Según informó el Gobierno de Esperanza Aguirre, se quiere garantizar la protección de los consumidores frente a las empresas o entidades de crédito con sanciones que pueden alcanzar hasta los 600.000 euros.

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el proyecto de Ley para la Protección de los Consumidores Mediante el Fomento de la Transparencia en la Contratación Hipotecaria, que ahora será remitido a la Asamblea para su debate. Según el Gobierno de Aguirre, la nueva normativa garantizará la transparencia de la información que las empresas y entidades de crédito deben facilitar a consumidor y avalistas en la contratación de créditos y préstamos con garantía hipotecaria que se celebren en la comunidad.

En una nota, señala que debe quedar claro si el contratante de estos productos incluye como garantía la vivienda hipotecada y el resto de bienes del comprador, o si la única garantía es la vivienda (dación en pago).

Con el objetivo de proteger al consumidor, la ley contempla sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones especificadas sobre el procedimiento de contratación, así como en caso de discrepancia entre la oferta vinculante y el proyecto de documento contractual. Las multas pueden ser calificadas como leves, graves o muy graves, en cuyo caso podrían alcanzar los 600.000 euros.

El anteproyecto de Ley establece que los consumidores deberán disponer previamente a la firma del contrato de la información necesaria para su correcta comprensión.

Por este motivo, se exige a las empresas o entidades de crédito que, con carácter previo a la oferta vinculante, faciliten por escrito al consumidor una información "especialmente detallada" en la que se identifique la identidad concedente, el tipo de crédito a percibir, el importe total estimativo a satisfacer por dicho préstamo, así como las obligaciones que el consumidor contraerá en caso de la formalización del contrato.

Tras las tasaciones del bien hipotecado y, en su caso, de las oportunas comprobaciones sobre la situación registral de la finca y la capacidad financiera del prestatario, las entidades financieras deberán efectuar una oferta vinculante que deberán hacer llegar al consumidor en los mismos términos que la información previa a dicha oferta.

Además, una vez que acepte la oferta vinculante, la Ley garantiza al consumidor el derecho a examinar el proyecto de documento contractual con una antelación mínima de tres días hábiles anteriores a la firma de la escritura pública en el despacho del notario.

Recurso a la Ley de Suelo

Por otro lado, la Comunidad de Madrid aprobó hoy la presentación de un recurso contra el reglamento que desarrolla la Ley del Suelo estatal, aprobada por el anterior Ejecutivo central, por imponer un modelo de ciudad a ayuntamientos y comunidades autónomas.

Según el Gobierno regional, la ley invade "las competencias exclusivas del Gobierno regional en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda".