Apenas han completado un 13% del ajuste comprometido hace un año con Economía

Las autonomías tienen que eliminar aún 445 empresas y entes públicos

Las comunidades autónomas afrontan un reto sin precedentes: eliminar 445 empresas públicas en los próximos meses para recortar su abultado gasto y reconducir su déficit. Hace un año se comprometieron con el Ministerio de Economía a suprimir 515 entes y por ahora solo han dado de baja 69, apenas un 13% del total.

El principal objetivo que se ha marcado el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy es cumplir con la reducción del déficit comprometida ante Bruselas, por lo que no deberá superar el 4,4% del PIB a finales de 2012. Un esfuerzo que parece asumible por parte de la Administración Central, pero que se antoja como una misión casi imposible para las comunidades autónomas, excesivamente endeudadas y con un déficit que en algunos casos (Castilla La Mancha o Murcia) triplicará el límite fijado para este año.

Por lo tanto, ahora toca ponerse manos a la obra para tratar de recortar al máximo la partida del gasto público. Y uno de los apartados en los que existe mayor recorrido para ajustar es el ligado a las empresas y fundaciones públicas. De hecho, todos los Gobiernos autonómicos se comprometieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (en el que están representados el entonces Ministerio de Economía y Hacienda y todos los consejeros regionales) del pasado 22 de marzo de 2010 a iniciar un proceso de adelgazamiento intensivo de esa estructura. El objetivo era pasar de 2.359 a 1.845 empresas públicas, lo que suponía un recorte del 22% y redimensionar todo el sector público empresarial hasta los niveles alcanzados en 2004. En el primer año ese proceso apenas ha avanzado con la desaparición de 69 entes, con lo que todavía quedan por eliminar 445 compañías y organismos públicos.

Cataluña solo suprime dos entidades

Castilla-La Mancha es la que más ha acelerado los recortes

Y en este esfuerzo van a jugar un papel primordial Andalucía y Cataluña, las dos comunidades autónomas con mayor número de compañías. Los últimos datos, correspondientes a julio de 2011, muestran como la primera en la clasificación es Cataluña, con 454 empresas, seguida por Andalucía, con 372. Entre ambas representan una tercera parte del sector público empresarial autonómico y apenas han iniciado la poda reclamada desde el Ejecutivo Central. En el caso de Andalucía, el objetivo es eliminar, bien por su desaparición o bien por fusiones, 111 entes y en el primer año apenas se han suprimido cinco, con lo que aún debe dar de baja a otros 104 entes, mientras que en Cataluña se han eliminado tan solo dos de los 67 previstos.

Este último dato es especialmente significativo si se tiene en cuenta los duros ajustes aprobados en Cataluña para tratar de reconducir su déficit. El presupuesto autonómico para 2012 ha bajado un 10%, afectando especialmente a partidas ligadas al gasto social como educación y sanidad, y se han tenido que tomar medidas traumáticas, como la rebaja del salario de los funcionarios autonómicos, aún por determinar, o una subida generalizada de tasas en servicios básicos para los ciudadanos como son el agua o el transporte.

Pero si el esfuerzo se mide en términos relativos, los mayores recortes los tendrán que acometer Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia, que deben reducir a la mitad el tamaño de su estructura empresarial pública. Un análisis del primer año transcurrido desde el acuerdo sellado con Economía muestra que la que mejor está haciendo los deberes es Castilla-La Mancha. Entre julio de 2010 y julio de 2011 ha suprimido 25 entes (ha pasado de 86 a 61), culminando el 25% del ajuste comprometido. El duro plan de recortes planteado por la nueva presidenta, María Dolores de Cospedal, elegida el pasado 22 de mayo, hace prever que esta comunidad logrará llegar al objetivo fijado hace un año (38 empresas públicas).

Todo lo contrario que ha sucedido en Murcia y Baleares, que apenas han completado el 5,8% y el 3,4% de los recortes pactados. En el caso de Murcia es imprescindible que acelere la supresión de empresas públicas para reducir su gasto y cuadrar un déficit que en el tercer trimestre de 2011 se situó por encima del 3%, cuando el límite para todo el ejercicio es del 1,3%. Por su parte, Baleares está obligada a rebajar el tamaño de un sector empresarial sobredimensionado. De hecho, tiene tantos entes (170) como Madrid, pese a disponer de una actividad económica mucho menor, y tiene bastantes más que Galicia (157) o la Comunidad Valenciana (151), pese a contar una extensión mucho menor.

Si el análisis se hace desde el punto de vista de la deuda acumulada, Cataluña es la región peor parada, ya que sus empresas públicas tienen un endeudamiento de 7.824 millones de euros, lo que supone más de la mitad de todas las comunidades. De este modo, tiene el 20% de empresas públicas, pero posee más del 50% de la deuda de estas.

Un coladero para endeudarse sin límite

Las empresas públicas se han convertido en el coladero escogido por las regiones para esquivar los límites al endeudamiento. Desde que se inició la crisis, la deuda ligada a este tipo de entes se ha incrementado un 53% hasta alcanzar en el tercer trimestre del año los 15.495 millones, lo que equivale prácticamente el ajuste inicial que quiere realizar el Ejecutivo para 2012. El hecho de que el gasto comprometido en esos entes no compute como déficit a efectos estadísticos para Bruselas ha impulsado a muchas comunidades a crear cientos de organismos para contar con más margen a la hora de financiarse.

La nueva ley de Estabilidad Presupuestaria, que Rajoy quiere llevar al Congreso en el primer trimestre de 2012, establecerá un techo de gasto y de endeudamiento para evitar que los déficit autonómicos crezcan al mismo ritmo de años anteriores y podría también limitar el número y la deuda de las empresas públicas.

Las cifras

2.290 entes públicos tenían las autonomías a 1 de julio de 2011. Todas se han comprometido a rebajar ese número a 1.845, el nivel registrado en 2004.

7.824 millones es la deuda reconocida por los entes públicos catalanes, lo que supone el 50% del total.

33 empresas públicas existen en La Rioja. Es la que menos tiene y no está obligada a reducirlas.