Sector público

Más de 600.000 empleados públicos superan los 55 años de edad

Las Administraciones perderán cerca del 10% de sus trabajadores en tres años

El Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy trabaja a marchas forzadas para tratar de rebajar el coste que representa el sector público. En el tercer trimestre había 3,2 millones de funcionarios, de los que medio millón pertenecen a la Administración General del Estado. El pago de sus salarios supone un gasto anual de 27.000 millones de euros, a lo que habría que añadir el coste de los empleados públicos autonómicos y locales.

Para reducir el impacto que esa factura tiene en las cuentas públicas existen varias alternativas: rebaja de salarios, congelación o reducción de la oferta de empleo público o de la tasa de reposición. El sueldo de los empleados públicos bajó de media un 5% durante 2010 y se ha mantenido congelado durante este año. Este viernes, el Ejecutivo dará a conocer su decisión respecto a lo que sucederá el año que viene, aunque todo apunta a que permanecerán congelados. De este modo, la vía salarial no supondrá ningún ahorro. Este vendrá, aunque muy limitado, a través de la congelación de la oferta pública de empleo y de la supresión de la tasa de reposición, que tan solo se mantendrá para determinados colectivos, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Un ahorro sustancial podría obtenerse del gran número de funcionarios que se van a jubilar en los próximos años y cuyas plazas no van a ser cubiertas. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, correspondientes al tercer trimestre, hay más de 600.000 funcionarios cuya edad supera los 55 años. De ellos, una tercera parte (214.000) se encuentra en la franja de edad entre 60 y 64 años, por lo que la mayoría se jubilará en los próximos tres años. Si a esa cifra se le une los 100.000 funcionarios de clases pasivas con edades entre 50 y 59 años (estos se pueden prejubilar a los 60), el número de empleados que abandonará la función pública se eleva a 315.000. Si la tasa de reposición finalmente se mantiene prácticamente congelada y solo se cubren algunas plazas consideradas imprescindibles, el sector público perderá cerca de 300.000 efectivos en los próximos tres años, lo que supone casi el 10% del total.

5.000 funcionarios son mayores de 70 años

Esa cifra podría ser aún mayor si finalmente se desarrolla el reglamento, incluido dentro de la reforma de las pensiones, para facilitar la prejubilación a los dos millones de funcionarios del régimen general. En la actualidad, tan solo pueden optar a la prejubilación las clases pasivas (maestros, policías, médicos y cuerpos generales de la Administración General del Estado), que pueden retirarse con 60 años, siempre y cuando hayan cotizado más de 35 años. El resto de empleados públicos del régimen general no pueden prejubilarse por ahora. Lo podrán hacer una vez que se desarrolle el reglamento incluido en la reforma de las pensiones. En el mismo se establece la posibilidad de abandonar la actividad laboral con un mínimo de 37,5 años de carrera de cotización y una penalización del 8% por cada año que se retire con anterioridad a los 65 años. Esta merma, sin embargo, hace pensar que pocos funcionarios optarán por esta vía para jubilarse de forma anticipada.

Fuentes cercanas al Ejecutivo no descartan poner en marcha una plan de prejubilaciones incentivadas en el sector público, tal y como intentó en 2005 el ministro socialista de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, con el fin de tratar de adelgazar la administración pública. Ese plan se planteó en la Mesa de la Función Pública, en la que están representados las distintas administraciones y los representantes de los trabajadores, pero no salió adelante por las profundas discrepancias con el entonces titular de Trabajo, Jesús Caldera. La propuesta consistía en incentivar la salida de hasta 25.000 funcionarios de la Administración General del Estado, con edades comprendidas entre 58 y 64 años. El principal objetivo era ahorrar el coste de la masa salarial de esos trabajadores, con largas carreras de cotización y elevados emolumentos.

Caldera se opuso al considerar muy elevado el coste del plan para el erario público (lo cifró en 3.500 millones de euros) y porque se trasladaba un mensaje contrario al que se estaba reclamando desde la UE, partidaria de incentivar la prolongación de la vida laboral con el fin de hacer sostenible el pago de las pensiones.

Sevilla rechazó los cálculos elaborados por los técnicos de Trabajo y aseguró que el coste sería mucho menor, puesto que, en el caso de la Administración General del Estado, solo afectaría a las clases pasivas, cuya pensión no se paga con cargo a la Seguridad Social. El principal desembolso se realizaría en el caso de los empleados públicos ligados a comunidades autónomas y ayuntamientos, en los que más de la mitad eran de clases pasivas y el resto era del régimen general, cuya indemnización debía ser financiada por todos los contribuyentes.

La jubilación anticipada en la función pública

¿Quién puede optar por la jubilación anticipada dentro de la Administración pública?

Esta opción solo está contemplada para los funcionarios de clases pasivas, que pueden prejubilarse a partir de los 60 años, siempre que hayan acumulado 35 años de servicio. En este régimen están incluidos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los funcionarios ligados a la enseñanza, los médicos y los cuerpos generales (aquellos que realizan funciones comunes en el ejercicio de una actividad administrativa). En total, suponen cerca de un millón de funcionarios. Según la última memoria de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), el colectivo más numeroso es el de los maestros, con 239.000 titulares, seguido de la Policía Nacional, con 72.473.

¿El resto de funcionarios no puede optar a retirarse de forma anticipada?

Por ahora no. La nueva ley de pensiones establece en un reglamento, aún por desarrollar, la posibilidad de que cualquier trabajador público del régimen general, que iniciara su vida laboral antes del 1 de enero de 1967 y que haya acumulado 37,5 años de carrera, pueda jubilarse de forma anticipada. El funcionario que opte por esa vía tendrá un coeficiente reductor del 8% por cada año que se retire antes de cumplir 65. Es el mismo sistema que se aplica a los trabajadores del sector privado.

¿Los nuevos funcionarios también se pueden beneficiar de las ventajas de las clases pasivas?

No. Desde el 1 de enero de 2011, ningún funcionario pasa a integrarse en las clases pasivas y queda inscrito dentr o del régimen general. Esa medida, anunciada a finales de 2010 por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, persigue poner coto a los privilegios de las clases pasivas, como las prejubilaciones o la titularidad de un seguro sanitario privado.

¿Qué aseguradoras prestan servicios a las clases pasivas?

En la actualidad tienen firmado concierto con la Administración pública Adeslas, Asisa, DKV Seguros Reunidos e Igualatorio Médico-Quirúrgico.

Lo que hacen otros países

Francia. Para cumplir con la reducción del déficit público, el Ejecutivo presidido por Nicolas Sarkozy reducirá en 30.000 personas la plantilla de funcionarios en 2012, mediante la no reposición en determinados colectivos. La mitad de las plazas que no se cubrirán corresponden al sector de la educación.

Italia. El sueldo de los empleados públicos se mantendrá congelado hasta 2013 y los que cobren más de 90.000 euros al año verán reducido su salario entre un 5% y un 10%. Al igual que en España, la tasa de reposición se ha eliminado, excepto para colectivos como policías, jueces o médicos.

Grecia. La intervención sobre Grecia ha provocado que la Administración sea sometida a una estricta dieta de adelgazamiento. Ningún contratado temporal verá renovado su contrato, la tasa de reposición se sitúa en el 10% y los salarios de los funcionarios se verán reducidos una media del 12%.