La reforma laboral de Rajoy
Con las limitaciones propias de un discurso de investidura, destinado a señalar únicamente las líneas maestras de las decisiones que el Gobierno pretende poner en marcha en las distintas y muy amplias áreas a las que llega su responsabilidad, el presidente Rajoy anunció una nueva reforma laboral y enunció las ideas fundamentales que van a definirla.
Ninguna de las medidas generales constituye una sorpresa. Se quiere una nueva reforma de la negociación colectiva, con una llamada al diálogo social que no esconde el propósito firme de promover una modificación legal, haya o no acuerdo entre sindicatos y empresarios, y además en el primer trimestre del próximo año. Y como también era de esperar, se pone el acento en adecuar el ámbito de negociación, sectorial o de empresa, a lo que sea más adecuado desde el punto de vista de la competitividad. Es un planteamiento acertado en su formulación general, pero no debería partirse del apriorismo, que no responde a una verdad contrastada, de que el convenio de empresa es mejor para esta que el convenio de sector, sobre todo cuando es de ámbito estatal. En muchos sectores son las propias empresas las que prefieren contar con un marco general de regulación que no reduzca la sana competencia a una lucha sin cuartel en el precio del factor trabajo, consecuencia que podría ser más visible si se produce un debilitamiento legal de los grandes convenios sectoriales en sectores bien estructurados.
En la reforma de la negociación colectiva no debería olvidarse la necesaria contemplación de los acuerdos colectivos de empresa, que no son convenios colectivos pero que han alcanzado una gran trascendencia en la regulación real de las condiciones de trabajo de una parte importante de nuestras empresas. No tendría sentido, por ejemplo, que se introdujeran limitaciones adicionales a la ultraactividad de los convenios colectivos que no se adopten también en relación con esos acuerdos colectivos que en muchas ocasiones están vinculados a desarrollos o mejoras de aquellos convenios.
La segunda idea avanzada por el presidente en su investidura ha sido la potenciación de los sistemas de solución no jurisdiccional de conflictos laborales. También aquí estamos ante una propuesta atractiva pero en cuyo desarrollo no toda solución puede considerarse positiva. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos únicamente funcionan sobre la base de la voluntariedad en su aceptación, y para ello es necesario garantizar la profesionalidad e independencia de quienes ejerciten las funciones de mediación o arbitraje que son los cauces fundamentales alternativos a la solución judicial. Y ello sin olvidar que la potenciación de la solución no judicial de conflictos no debe tampoco ser una excusa para no hacer un esfuerzo en la mejora de la planta de la jurisdicción social, garantizando con ello que la celeridad en la solución de los litigios siga siendo una seña de identidad de esta jurisdicción, en la que más que en ningún caso puede decirse que una solución que se dilate en el tiempo no es solución, cuando se están ventilando intereses vitales para trabajadores y empresas.
El tercer ámbito de medidas en el que se anuncia reforma laboral, y en el que resulta más imprescindible por la gravedad extraordinaria de la situación, es el de las medidas que faciliten la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo. Y aquí debería irse tan lejos como sea necesario, porque no hay nada más letal para la integración social que una generalizada pérdida de confianza de los jóvenes en un sistema social que, tras años de formación, no les facilita ninguna oportunidad laboral. Cualquier barrera formalista debe ser removida para facilitar que los jóvenes tengan la oportunidad de empezar una vida laboral, aunque sea transitoriamente en condiciones salariales distintas a las establecidas en las normas colectivas aplicables con carácter general. Eso no es precarización del trabajo de los jóvenes sino abrir una puerta que hoy está cerrada. Es una necesidad urgente, aunque la solución a medio plazo deba estar en una reforma mucho más profunda del sistema de contratación que reduzca la sima entre contratos indefinidos y temporales y equipare progresivamente la protección entre unos y otros hasta que la duración del contrato deje de ser un elemento clave en la segmentación del mercado de trabajo.
Ninguna de las ideas avanzadas en el discurso de investidura por parte del nuevo presidente del Gobierno puede merecer crítica. Pero hay que acertar en el desarrollo de las mismas. Una visión demasiado economicista no debe hacer olvidar que la norma laboral no es un obstáculo sino un medio de ordenación y equilibrio social. No es un estorbo ni una reliquia del pasado sino un factor de cohesión. La norma laboral no debe ser vista como un problema sino como un instrumento más, junto a otros, de solución.
Martín Godino Reyes. Socio Director de Sagardoy Abogados