COLUMNA

Propuestas de investidura

El debate de investidura es un momento idóneo para infundir confianza interna y externa, dos elementos enormemente precisos en la actualidad. En este sentido, aun a la espera de conocer cómo se materializarán, la declaración de intenciones del candidato a la presidencia del Gobierno puede ser un inicio aceptable, describiendo una diversidad de reformas en los tres ámbitos que requieren una actuación inmediata: financiero, laboral y fiscal. Pero, lamentablemente, acumulamos demasiados casos de promesas incumplidas, y nuestra credibilidad en el exterior solo puede recuperarse cumpliendo con el máximo rigor los plazos anunciados para las reformas propuestas en los tres ámbitos citados.

Quizá el principal reto estribe en culminar en tres meses un proceso definitivamente creíble de saneamiento de los balances de las instituciones financieras. Dicho proceso se ha dilatado excesivamente sin llegar a resolverse. Ahora es apremiante lograr una reestructuración del sistema financiero con balances saneados y bajo valoraciones realistas de los activos inmobiliarios, incluyendo el suelo supuestamente edificable. Este objetivo es central. Solo cumpliéndolo podrán nuestras instituciones financieras acudir a los mercados internacionales en busca del crédito que puedan canalizar después hacia el sector productivo doméstico. Es loable la intención de cambiar definitivamente el modelo de regulación de las cajas de ahorros para garantizar su independencia y profesionalidad, eliminando su dependencia del poder político, una de las principales causas de la debacle que hemos visto en algunas instituciones. Discutible es la necesidad de reducir el número de agencias reguladoras; más importante sería avanzar en una política de nombramientos de sus entes directivos sin intervención directa de los partidos políticos. España tiene un déficit de calidad institucional cuya seriedad y relevancia se minimiza en exceso, y la independencia de las instituciones reguladoras es clave para mejorar en este aspecto.

En el ámbito laboral, dar prioridad a los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales y favorecer los acuerdos extrajudiciales en la resolución de conflictos de empresa son anuncios muy significativos. En un contexto de clara insuficiencia de la demanda, los cambios en regulación laboral no son suficientes para crear empleo, pero potenciarán tal proceso cuando la demanda se reactive. También sería importante facilitar la flexibilidad en la organización de la producción dentro de la empresa. En definitiva, es más importante mejorar los aspectos institucionales que abaratar temporalmente la contratación de trabajadores jóvenes.

En el ámbito fiscal, el nuevo Gobierno necesita cumplir los objetivos de déficit para 2011 y 2012 y exigir la reestructuración presupuestaria de las comunidades autónomas aprovechando el poder que acumula su partido en Gobiernos autonómicos. Por razones de eficiencia, pero también para restaurar la confianza en la calidad institucional del Estado de las autonomías, es necesario simplificar el entramado de empresas públicas autonómicas creadas en las últimas décadas sin una clara justificación, o con una escala claramente excesiva, como es el caso de las televisiones autonómicas a las que se hizo referencia en el debate.

En línea similar, precisamos de una definitiva modernización de la Administración, evitando los solapamientos entre sus distintos niveles, agilizando los trámites burocráticos y eliminando la multiplicidad de permisos e impuestos, lo cual requerirá de una reflexión sobre las competencias de los distintos ámbitos de las Administraciones.

La propuesta de reducir tipos y tramos en el impuesto de sociedades, no enmarcada en una estrategia fiscal global, debe interpretarse como un guiño hacia la actividad emprendedora y hacia las pequeñas y medianas empresas. Pero a estas les preocupa más actualmente su mera supervivencia y, en tal sentido, facilitar su financiación crediticia, así como el acceso a mercados internacionales, les resultaría mucho más relevante. La exención de abono del IVA hasta el momento en que se cobre la factura correspondiente incide en satisfacer las justificadas demandas de pymes y autónomos y merece reconocimiento.

Por el contrario, la recuperación de la deducción por vivienda carece de sentido económico, y no puede comprenderse sino en el ánimo de estimular la reducción del parque de viviendas en venta.

El examen de las propuestas laborales y fiscales sugiere que el futuro presidente de Gobierno confía en una reactivación económica por el lado de la oferta, siendo la creación de empleo quien contribuya a resolver el problema presupuestario. Aquí estriba el mayor riesgo de su propuesta, y una consideración simultánea de todos los anuncios hechos en el debate que tienen implicaciones presupuestarias, incluyendo la intención de recortar el gasto en 16.500 millones de euros, sugieren la dificultad de mantener el compromiso de no subir impuestos. Las propuestas hechas en los tres ámbitos son suficientemente avanzadas. Su cumplimiento encierra claras dificultades, pero es de suma importancia impedir que queden en palabras barridas por el viento.

Alfonso Novales. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense