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Tribuna
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Prioridades

El discurso de Rajoy ayer era esperado como una declaración de intenciones, principalmente en lo referente a un programa de actuaciones y reformas económicas encaminadas a la recuperación de la confianza en la economía española, la reducción del desempleo y el crecimiento de la actividad. Fue un discurso en el que se entremezclaron objetivos generales de grandes líneas de actuación, con guiños en aspectos particulares que, entre otras cosas, parecen querer imprimir un estilo. Lógicamente, ahora será clave conocer el equipo económico que Rajoy elegirá para este cometido.

En cuanto a las grandes líneas, el discurso tocó temas fundamentales y en otros, sin concretar en exceso, se apuntaron algunos proyectos en la buena dirección. Entre las grandes prioridades se estableció el cumplimiento de los objetivos de déficit, la reforma del mercado de trabajo y el impulso a la creación de empleo y el restablecimiento de la estabilidad financiera. Fueron estos, en todo caso, los temas en los que menos se ahondó, seguramente de forma intencionada para evitar confusiones e interpretaciones sesgadas, ya que cada uno de ellos requiere un tratamiento muy exhaustivo y la de ayer era una comparecencia general. Eso sí, se vislumbra, a grandes líneas, una política amplia de ajustes -recortes, visto de otro modo- de gasto público y de búsqueda de eficiencia en la Administración pública, tanto central como autonómica, aunque habrá que esperar hasta el primer consejo de ministros para conocer cómo y cuándo. Asimismo, se aspira a un mercado laboral más flexible en la negociación salarial y más fuerte en cuanto a políticas activas e inspección de trabajo, con algunas señalizaciones de menor impacto cuantitativo pero de valor aleccionador como son el paso de la mayor parte de las fiestas a lunes, para evitar puentes que, en ocasiones, han creado bochornosas ineficiencias, más aún en un contexto tan difícil como el de nuestra economía.

Asimismo, en lo que se refiere al sistema financiero, se produjo un reconocimiento explícito, de largo esperado, de que la magnitud del deterioro de activos bancarios y el saneamiento necesario para corregirlo precisan una exhaustiva revisión, con la correspondiente asunción de pérdidas que, en algunos casos, tendría que corregirse por la vía de nuevos procesos de fusión y de recapitalización. Tal vez puedan parecer aspectos poco concretos pero hablar claramente de estos problemas como algo determinante para la confianza inversora en España es un paso muy importante.

Los guiños específicos fueron muchos, algunos implícitos y otros explícitos. Entre los primeros, se apuntó a un decreto de medidas urgentes para el día 30 de diciembre en el que se vislumbran importantes ajustes, con los que se tratará de conseguir una reducción del gasto de 16.500 millones de euros, que, aunque importante, solo puede entenderse como el primero de una serie de esfuerzos en materia fiscal. Se prepara de este modo al ciudadano, como ya adelantó el propio Rajoy estos días pasados, para esfuerzos no gratos pero necesarios. Y será importante fijar esos esfuerzos ahora, por impopulares que puedan resultar, porque es ahora cuando más fuerte es la confianza y el respaldo al nuevo Gobierno y cuando más comprensibles pueden ser las medidas que, además, marcarán la impronta. También se apuntaron pero no se concretaron reformas en la sanidad, con un pacto de Estado que será complicado concretar, o en aspectos fiscales específicos como el tratamiento impositivo de las pensiones.

Menciones más específicas, que pueden tener un impacto favorable en el sector empresarial, tuvieron cuestiones como el establecimiento de cuenta corriente tributaria para compensar todas las deudas de las Administraciones con las empresas, pymes y autónomos, una decisión que se antoja muy importante, así como las relacionadas con la supresión de la obligación de pagar el IVA hasta que efectivamente se hayan cobrado las facturas que adeuda la Administración, una cuestión que por trivial que parezca está ahogando a un número importante de empresas. En estos aspectos específicos hay también algunas cuestiones controvertidas por sus efectos en el pasado -como la de la deducción por compra de vivienda- pero, en general, se están estableciendo algunas bases para el estímulo de la actividad empresarial. De todas las medidas fiscales, en todo caso, se echa en falta alguna que actúe por la vía del ingreso para las maltrechas arcas de la Administración, lo que parece absolutamente necesario para una adecuada consolidación fiscal.

Finalmente, pero no menos importante, Rajoy no se olvidó de aspectos transversales como la educación o la energía que, con las urgencias del momento, pueden no parecer prioritarios pero que de no acometerse una estrategia reformista y moderna respecto a los mismos, pueden llevar a prolongar problemas que lastran a la economía y a la sociedad desde hace décadas. Sabido esto, solo falta conocer el equipo económico al que Rajoy encargará tan ambicioso conjunto de reformas.

Santiago Carbó. Catedrático de Economía de la Universidad de Granada e investigador de Funcas

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