Nuevos ministros, pero... ¿de qué ministerios?

Resulta comprensible que uno de los más acuciantes empeños del nuevo Gobierno -mientras se mantienen expectantes propios y ajenos- gire en torno a la selección de los nuevos ministros. Pero, ¿cuál sería la denominación de su lugar de trabajo? He aquí unas ideas sobre cómo podría configurarse una nueva, moderna y eficiente estructura ministerial.

Los ministerios que permanecerían (sujetos a eventuales cambios estructurales, funcionales o administrativos) serían los de Interior, Asuntos Exteriores, Justicia y Defensa. Se eliminaría el de Presidencia, departamento que se fusionaría con el Gabinete de la Presidencia, bajo una secretaría de Estado.

Entre los nuevos (por fusión, reducción o transformación) renacería el Ministerio de Hacienda, resultante de una reforma en profundidad para que, de inmediato, pudiese funcionar eficientemente. A estos efectos, se separaría Economía y permanecería como Hacienda y Crédito Público (una vuelta a la denominación de origen, próxima al modelo alemán). El siguiente paso sería eliminar de Economía, por traspaso a Hacienda, el Comité de Financiación Exterior, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la Dirección General de Financiación Internacional.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores se reubicaría como agencia independiente. Por transformación se separaría la Intervención General de la Administración del Estado y se crearían órganos rectores para cada uno de los sistemas de: (i) contabilidad y cuentas públicas, a cargo de una nueva Contaduría General del Estado (incluye los sistemas contable-financieros, la información contable-financiera y las políticas contable-financieras -actualmente bajo Política Financiera en Economía-); (ii) presupuesto, a cargo de una Oficina Estatal de Presupuestos; (iii) crédito público, a cargo de una Oficina Estatal de Crédito Público, y (iv) tesorería, a cargo de una Tesorería General del Estado.

Se recuperaría el Ministerio de Agricultura -cuya existencia se ha echado de menos sobre todo en relación con la Política Agraria Común- y se fusionaría con el de Medio Ambiente, que quedaría al cargo de la gestión del desarrollo sostenible y protección medioambiental, y sus variantes de carácter rural y marino. A tono con las modernas tendencias en la materia, se incluiría en este ministerio la conservación y preservación del inmenso patrimonio monumental del Estado. Lo que queda de Economía se fusionaría con Industria, Comercio y Turismo. También se prescindiría de la denominación de Fomento y se reemplazaría por sus componentes: Ministerio de Infraestructuras y Transporte.

Al actual Ministerio de Política Territorial se le puede añadir en la propuesta una más que justificada "y Coordinación Autonómica", para asegurar el entendimiento con las comunidades autónomas y el seguimiento administrativo por estas de las medidas técnicas de endeudamiento, techo de gasto, suelo de ingresos y rendición de información puntual y verificable, bajo supervisión de Hacienda y Crédito Público.

Un nuevo Ministerio de Asuntos Sociales integraría a todos los departamentos de carácter social: Trabajo, Sanidad, Vivienda, Igualdad, Juventud y Deportes y Tercera Edad.

La nueva designación del órgano rector de la función contable-financiera y de gestión de las cuentas públicas en Hacienda sería la de Contaduría General del Estado. La palabra contaduría -con la que conceptual y técnicamente se abarca más que con el término contabilidad- tiene una tradición secular en la Administración financiera del Estado y se llevó a los dominios de ultramar en el siglo XVIII, en los que sobrevivió hasta nuestros días y donde es de uso corriente en la Administración privada y pública y académica superior.

Lo mismo puede decirse del término contador -la denominación de contable implica un vergonzoso galicismo-. En la propuesta, el alto funcionario a cargo de la Contaduría recibirá la designación de contador general del Estado, como se conoce en países de nuestro ámbito cultural, tales como México, Argentina, Brasil o Chile, que en más de uno de los aspectos aquí comentados podemos considerar como paradigmas.

El país cuenta con suficientes recursos humanos cualificados en las diversas áreas y sectores implicados para diseñar y ejecutar la reforma propuesta. Lo que se precisa es la voluntad política de introducir los cambios funcionales y administrativos como los aquí sugeridos.

Ángel González-Malaxetxebarria. Especialista internacional en gobernabilidad, gestión financiera y auditoría