EDITORIAL

Todas las reformas y todas ellas sin demora

El que será presidente del Gobierno la próxima semana explicó ayer ante la junta directiva del Partido Popular el primer esquema de su gestión inmediata para hacer frente a la crisis que atenaza las expectativas de los españoles, de los que al menos uno de cada cinco está en situación de desempleo. Ateniéndose al guion de sus mensajes en la campaña electoral, y por vagos que parecieran entonces, Mariano Rajoy advirtió que la primera preocupación es revertir el estado del mercado de trabajo, para lo que es preciso, además de la colaboración de los agentes económicos y sociales, hacer todo lo posible por mejorar los estándares de financiación, para lo que parece imprescindible controlar el gasto público y la deuda. "No podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, como tampoco lo hace ninguna empresa", dijo Rajoy, que mostró de nuevo su acuerdo pleno con lo pactado en la cumbre europea de la semana pasada.

Identificó dos cuestiones que considera capitales para los primeros meses de la legislatura, aunque utilizó un término tan ambiguo del calendario como "la primera parte de la legislatura". La situación de la economía española no está ni para ambigüedades ni para dilaciones, ni desde el punto de vista de la financiación ni desde el del empleo, que está inequívocamente ligado al primero. Por tanto, a las decisiones de impacto que debe tomar el Gobierno en los dos Consejos de Ministros que tengan lugar antes de que termine el ejercicio debe sumar una celeridad inequívoca tanto en la elaboración presupuestaria, que dará idea de la convicción que acompaña a las palabras del futuro presidente en la consecución de los compromisos fiscales, como en la reforma del sistema financiero y del mercado de trabajo.

A ambas cosas aludió ayer, y en ambas parece tener el tiro enfocado, aunque se sigan todavía sin conocer los métodos para lograrlo. Admitió que el reajuste del sistema financiero debe sanear los balances de las entidades, algunas de ellas demasiado atenazadas por el riesgo inmobiliario, y únicamente adelantó que cuando culmine el proceso deberá haber bastante menos firmas que ahora, lo que obliga a un periodo adicional de fusiones, esta vez ya de entidades sistémicas o cuasi sistémicas en todos los casos. La posibilidad de crear un banco malo que aglutine los activos más problemáticos seguramente se ha hecho ya tarde, aunque bien podría generarse uno en el que solo se agrupasen los activos con menos valoración (suelo) si se acompaña de un proceso rápido de concentraciones, sea por la vía de la fusión o la absorción de los bancos dañados por los saneados.

Con no menos rapidez debe encararse la reforma laboral, cuya petición fue de nuevo ya referida por la Comisión Europea. Rajoy ha pedido la colaboración de la CEOE y de los sindicatos, y parece haber encontrado diferente receptividad en unos y otros. Dado que la situación no está para dudas, la petición que ya reclamó hace un par de semanas ("a la vuelta de Reyes me decís algo", comentó Rajoy en la sede de Génova a Méndez, a Toxo y a Rosell por separado) debe ser atendida en tiempo. Y si no lo fuere, el Gobierno debe dar pasos firmes para atender la reclamación principal de la sociedad, que en este momento no es otra que reducir el número de desempleados de los registros públicos, que bien podría incrementarse en los próximos trimestres. El propio Rajoy admitió ayer que el crecimiento de la economía en 2012 estará muy afectado por las medidas de austeridad y seguramente con él, el empleo.

Y tal reclamación pasa necesariamente por una reforma laboral en toda regla, que convierta a la economía española en más competitiva, que permita "producir a menor coste", como ayer dijo el futuro presidente del Gobierno. La intencionalidad última de tales palabras tardaremos unas semanas en conocerla, pero la economía española ha perdido competitividad en los mercados internos y en los externos y solo puede recuperarse con una recomposición de los costes, lo que vulgarmente puede considerarse como la búsqueda de los efectos de una devaluación en un país que no puede afrontarla por carecer de autonomía monetaria y cambiaria. Por tanto, seguramente salarios, cotizaciones, desempleo, IRPF y despido, los cinco costes que componen directamente el escandallo del factor trabajo, deben ser reconsiderados.