El Centro Garrigues se adapta al nuevo acceso de la profesión
A pesar de que el reglamento de la Ley de Acceso a la Abogacía, que entró en vigor el pasado 31 de octubre, solo reconoce el derecho a realizar la formación de los futuros letrados a universidades y colegios de abogados, a través de sus respectivas escuelas de práctica jurídica, lo cierto es que algunos despachos, con centros de estudios propios, han aprovechado las posibilidades de la norma para lanzar sus propios másteres.
Es el caso del Centro de Estudios Garrigues, que a través del convenio suscrito en 2009 con la Universidad de Nebrija tendrá su oferta lista en un tiempo récord, incluso antes que muchas escuelas de práctica jurídica. Como explica su director general, Ángel Bizcarrondo, la formación comprenderá cuatro másteres, tres de los cuales cuentan actualmente con la aprobación oficial de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), como es el máster en Derecho Empresarial, el máster en Tributación y el máster en Asesoría Jurídica Laboral. A ellos se le unirá en el próximo curso el máster Internacional de los Negocios.
Todos ellos, que actualmente cuentan con 60 créditos -el mínimo exigido según la nueva normativa-, tendrán que adaptarse a los nuevos requisitos del reglamento, entre ellos, las horas de práctica. "Actualmente, los créditos de prácticas son muy reducidos", explica Bizcarrondo, quien asegura que tendrán que ampliarse a los 30 créditos de la ley.
La dificultad de las prácticas
"Tanto la formación como las prácticas estarán orientados al trabajo en despachos o asesorías de empresas", sostiene el director general del Centro de Estudios Garrigues. No todos los estudiantes podrán realizar el periodo de prácticas en Garrigues, uno de los bufetes más prestigiosos del mundo y el mayor de España por facturación y número de empleados. De hecho, el director del centro asegura que únicamente entre un 5% y un 8% de estos alumnos acaba trabajando en la firma.
Para el resto, este centro tiene ya firmado acuerdos con otros despachos, como Ashurst, Baker & McKenzie, Clifford Chance, CMS Albiñana & Suárez de Lezo, DLA Piper, Duthil Abogados, Allen & Overy, Araoz & Rueda, entre otros, y con múltiples empresas.
No obstante, la dificultad del sector estriba en que todavía se desconocen cuáles serán las necesidades reales del máster y de las prácticas. Existe una idea de que en España salen al mercado unos 10.000 licenciados o graduados de Derecho al año. De ellos, entre el 50% y 65% querrán dedicarse a la profesión, lo que supone que entre 5.000 y 6.500 estudiantes deberán cursar alguno de los nuevos másteres de acceso profesional.
A las universidades públicas y privadas de nada les sirve desarrollar un máster si no tienen prácticas concertadas. Por este motivo, muchas están presionando a los despachos para que ofrezcan un cupo de prácticas a los futuros letrados, sin embargo, pocas son las que conocen hoy de forma exacta las necesidades de personal que tendrán para junio de 2012/2013.
A esto se suma otro tipo de adaptaciones, como es el profesorado. La norma establece una proporción de 40% y 60% de profesionales o catedráticos. Para el Centro de Estudios Garrigues, esta adaptación supondrá la contratación de más catedráticos.
Los másteres del centro cuentan con un precio de 25.000 euros, lo que limita su acceso a quienes se lo pueden permitir. "Nuestro objetivo es que el 20% de los estudiantes cuenten con algún tipo de ayuda o beca", advierte Ángel Bizcarrondo.
Másteres obligatorios y caros para poder ejercer
Todos los másteres, ya sean públicos o privados, que se pondrán en marcha para los graduados o licenciados de Derecho que finalicen sus estudios en julio de 2012 tendrán un coste. El problema es que estos estudios de posgrado serán obligatorios para todos aquellos que quieran ejercer la profesión, algo que está generando la protesta estudiantil.Ante esta situación, el director general del Centro de Estudios Garrigues, Ángel Bizcarrondo, reconoce que la modificación del régimen de acceso a la abogacía responde a la necesidad de asegurar a los ciudadanos que el servicio prestado por los abogados "cumple unas exigencias de calidad"."En este sentido, se puede entender que un cambio de esa trascendencia provoque resistencias entre los llamados a soportar su coste, pero también a beneficiarse de la condición de abogados", asegura Bizcarrondo.Desde su punto de vista, el ejercicio de la abogacía es una de las diversas posibilidades profesionales que se ofrecen a los graduados en Derecho, tal vez la principal de todas ellas, y tiene sentido que en la medida en que los requisitos para su acceso constituyen una exigencia pública, la sociedad asuma una parte del coste, pero también la acreditación representa el reconocimiento de una capacidad de ejercicio profesional a quien se le otorga, lo que justificaría que el destinatario soportara también otra parte."La cuestión de cómo hay que distribuir los distintos componentes del coste es, sin duda, discutible, pero el Estado debería de ofrecer las facilidades, en forma de ayudas o créditos, para que quien cumpla las condiciones de capacidad y mérito no se vea excluido por motivos exclusivamente económicos", ha explicado el director del Centro Garrigues.
Un sector en auge
143 son los alumnos que este año cursan alguno de los cinco másteres que se imparten en el Centro de Estudios de Garrigues. De ellos, 104 corresponden a los posgraduados jurídicos.375 es la cifra de profesores del Centro Garrigues, de los cuales 227 dan clase en los másteres jurídicos.