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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El caballo de Troya de las cuentas autonómicas

El mapa de déficit fiscal de las comunidades autónomas durante el tercer trimestre revela que el saldo de las cuentas regionales se ha mantenido en el 1,19% del PIB, una décima por debajo del objetivo marcado por el Gobierno para el conjunto del año. Ello confirma que los Gobiernos autonómicos están llevando a cabo un esfuerzo de contención del gasto que es de justicia reconocer -se ha reducido en un 2,81%-, pero cuyos resultados han sido neutralizados en buena parte por la caída aún mayor -en un 3%- de los ingresos tributarios. Ello no permite ni mucho menos augurar, a día de hoy, que la Administración autonómica cierre 2011 con el déficit exigido del 1,3%. Más aún cuando la experiencia -basta con remontarse a las cuentas de 2010 para comprobarlo- juega en contra de los análisis optimistas, ya que el año pasado el déficit autonómico se duplicó justamente en el último trimestre del año.

Todo apunta, por tanto, a que las comunidades autónomas tomarán las uvas sin lograr acatar la disciplina fiscal que el Gobierno, Bruselas y los mercados financieros exigen de sus cuentas públicas. De confirmarse esa predicción, ello será el resultado natural de una larga travesía de irresponsabilidades y de mala gestión en unas Administraciones que se han convertido en un verdadero caballo de Troya para el conjunto de la economía española. Pese a que como recordaba ayer la vicepresidenta económica Elena Salgado, la Administración central sí está en condiciones de cumplir con sus compromisos fiscales, la mala evolución de las cuentas regionales -hasta cinco comunidades superaban ya en septiembre el objetivo de déficit anual- hace muy difícil que España pueda cerrar el año con un déficit público del 6% y convierte en una exigencia ineludible la continuidad del ajuste de gastos el año que viene en el sector público autonómico.

En contraste con esas dificultades, desde la OCDE se confía en que la economía española cierre 2011 con un 6,6% de déficit y se augura que España pueda escapar, aunque por muy poco, del club de países que entren en recesión en 2012. El último informe del organismo predice que la economía española crecerá un 0,3% el año que viene frente a las malas perspectivas que ofrece para Portugal, Grecia e Italia. Ello no aclara, sin embargo, el pesimista horizonte que sus expertos dibujan en materia laboral y que se resume en una tasa de paro del 23% en 2012. Un escenario que no hace sino confirmar la acuciante necesidad de que España acometa de una vez por todas una reforma laboral en condiciones, que libere a las empresas de la onerosa carga que supone en estos momentos un mercado de trabajo patológicamente rígido, ineficiente y cuyo exceso de proteccionismo ha terminado convirtiéndose no en un aliado, sino en un verdadero enemigo del empleo y, por ende, del propio trabajador y del conjunto de la economía española.

Como respuesta a esa urgencia que mercados, instituciones y organismos internacionales recuerdan a España un día sí y otro también, Mariano Rajoy ha hecho un llamamiento firme a sindicatos y patronal para que negocien contra reloj una reforma que incluya las premisas que el Partido Popular defiende en esta materia, esto es, dar una mayor prevalencia a los convenios de empresa en política salarial y condiciones de trabajo, impulsar el fondo de capitalización individualizado y aumentar la flexibilidad de la empresa para poder adaptarse a los ciclos productivos. Rajoy, que se reunirá esta semana con los agentes sociales, ha advertido a ambas partes que si no se ajustan a las exigencias de tiempo y resolución que la situación actual demanda, el nuevo Ejecutivo hará lo que tiene que hacer, es decir, "gobernará". La oferta del futuro presidente supone una oportunidad que patronal y sindicatos deben aprovechar sin caer en la tentación de prolongar las negociaciones más allá de lo razonable o enquistarse en posiciones insostenibles o demagógicas. La crítica situación que vive en estos momentos la economía española hace impensable que se pueda plantear un diálogo social a la vieja usanza. No en vano los nuevos tiempos reclaman soluciones nuevas y quien no sepa verlo corre el riesgo de quedarse al margen de una agenda que se impone por su propio peso.

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