Rajoy, vamos a los hechos

La mayoría de los españoles han reclamado un cambio en la política económica. La estampa que ofrece hoy la sociedad en términos económicos es la más dramática de la historia desde que el país se integró plenamente en la economía de mercado, con desempleo récord, endeudamiento público y privado desconocido y con los niveles de pesimismo en los agentes económicos preocupantes. Por si solo, el país se descose. Pero si tenemos en cuenta la consideración que de nosotros tienen en el exterior, estamos en el punto más grave de la historia de la democracia, con nuestros acreedores vigilando y todos los prestamistas potenciales exigiendo cada vez rentabilidades mayores por la deuda emitida.

Por todo ello, y respetando los trámites realmente imprescindibles para investir al nuevo presidente, Rajoy tiene que pasar de las palabras güeras con las que ha capeado la campaña por la seguridad en la victoria, a los hechos reales.

El Partido Socialista ha sufrido una debacle descomunal, la mayor del periodo democrático, en parte como víctima de la crisis y en parte por hacer practicado políticas claramente equivocadas, además de mutantes. Es urgente una recomposición del Partido Socialista para disponer de una referencia socialdemócrata clara, en la línea con sus iguales europeos, decididamente alejado de los planteamientos distribucionistas centrados en el gasto público a cualquier precio.

Zapatero no es responsable exclusivo de la crisis económica que aplana a España. Pero sí lo es de haberla agravado primero, con la expansión del gasto sin cuento para abanderar un keynesianismo enloquecido, y de haber puesto parte de las soluciones para superarla después, precisamente ya cuando menos depende la solución de nuestras decisiones.

El Gobierno de Zapatero se ajustó al guión ordenado por Bruselas en mayo de 2010 para meter en vereda el gasto y el déficit, que habían impulsado la deuda pública a una velocidad acelerada desde el inicio de 2009. Lo consiguió en parte, pues la vigilancia de Salgado ha logrado cuadrar los gastos estatales allí donde se había propuesto, que no en las comunidades autónomas; pero cabalgar sobre una economía paralizada imposibilitó, este año también, cuadrar los ingresos como estaba estimado, y no poder, este año tampoco, ofrecer un desempeño fiscal acorde con los compromisos.

Esa es la primera obligación contable del nuevo Gobierno: cuadrar el déficit de 2012, puesto que el de este año no es ya posible, salvo que un decreto de no disponibilidad de partidas de gasto aprobado in extremis en la última semana de diciembre (o por el Gobierno en funciones al dictado del Gobierno in rectore) lo logre. Y para ello, y dando por bueno que la desviación del déficit de este año será de solo un punto (del 7% en vez del 6%, que es mucho dar) el nuevo Gobierno de Rajoy deberá encontrar unos 25.000 millones de euros nuevos, provengan de nuevos ingresos o de recortes de gastos. Nada fácil, pero obligado.

Poco puede esperar del crecimiento económico en 2012, si al coktail le añadimos la trementina de nuevos recortes para lograr reducir el gasto, y poco podemos esperar en un solo ejercicio del efecto de las reformas estructurales que, ese sí, es el verdadero fracaso de Rodríguez Zapatero en el Gobierno.

Es un fracaso voluntario. Nunca creyó en tales reformas, ni en la laboral, ni en la de la administración, ni en las de las pensiones, ni en la energética, ni en la judicial, ni la financiera. Y esas, como en Italia, son las que proyectan una imagen paralizante del país que genera en nuestros financiadores la idea de que habrá un día que no devolveremos nuestras deudas. Esas son las que Rajoy tiene que poner en marcha lo antes posible, con consenso y sin él. Con consenso mejor, pero si no lo hay, no se puede esperar, porque serán otros quienes decidan desde fuera, como ha pasado hace unos días en Italia.

Aquí veremos el cuajo de Rajoy. Aquí veremos si quiere poner en marcha los cambios regulatorios que propìcien el efecto de una vasta devaluación para hacer competitivos los productos y servicios españoles en los mercados exteriores y en los internos también.

El mayor dilema es generar crecimiento económico para generar empleo, y para ello, es imprescindible una reforma laboral integral, que no arañe en la superficie como la que hizo hace un año el Partido Socialista, y que afronte la movilización de los pilares básicos que la convierten todavía en una normativa de carácter franquista-proteccionista, porque España está integrada en la Unión Europea desde hace 25 años y en la moneda única desde hace doce. La reforma tiene que reducir todos los costes que conforman el factor trabajo en las proporciones adecuadas para hacer al mercado laboral en competitivo sin perder derechos, para expandir el primero de ello, cual es crear empleo nuevo.

La reforma de las pensiones socialista está bien planteada, pero hay pocas garantías de que sea suficiente si la crisis persiste. Habrá que adelantar los plazos de aplicación para hacerla sostenible. En materia fiscal, Rajoy deberá inicialmente subir los impuestos para recomponer las finanzas públicas, porque llegar al 3% de déficit fiscal en 2013 es obligado; pero debe comenzar a abrir la mano en aquellas figuras que estimulan la actividad económica, así como el ahorro, para que se convierta en una bomba de inversión en el medio plazo.

El sistema financiero debe ser redimensionado y recapitalizado, y tampoco es fácil. Si la presión de la deuda pública es fuerte, y no debe permitirse mayor avance de esta variable, la de la privada lo es mayor, y dado el volumen de vencimientos en 2012 de financiación privada, la convierte en tan peligrosa como la pública. Limpiar los balances de los bancos, que exigirá necesariamente ayuda pública, es imprescindible para que puedan volver a prestar y a tener el favor de los mercados financieros, de los que dependen por sus abultadas carteras de crédito.

Para ello será precisa la ayuda exterior, porque el acoso de los mercados es a toda la zona euro, y de ella dependen buena parte de las soluciones. Hay que esperar que lleguen; pero para ello, España tiene que cumplir con sus obligaciones. Carece de sentido echarle siempre la culpa a quienes no tienen toda la responsabilidad, pero para exigirles su parte, hay que poner la propia por delante. Esa es la tarea de Mariano Rajoy: de las palabras güeras a los hechos reales.