Anticorrupción investigará las indemnizaciones en Novagalicia
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar el pago de las millonarias indemnizaciones y pensiones a algunos exdirectivos de Novagalicia.
La investigación, abierta a raíz de una denuncia del sindicato CIG, se encuentra aún en fase preliminar, según informaron fuentes del Ministerio Fiscal a Europa Press. En ella, Anticorrupción analizará si las millonarias indemnizaciones y pensiones que percibieron algunos de los exdirectivos -el ex director general, José Luis Pego; el ex director general adjunto, Javier García Paredes; el exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán; y el exresponsable de la oficina de integración, âscar Rodríguez- tras su salida de la entidad gallega son legales.
Aunque no hay cifras oficiales se calcula que estos pagos rondarían los 25 millones de euros, una cantidad a la que habría que sumar la pensión cobrada por el expresidente de Caixa Galicia, José Luis Méndez, en concepto de pensión y que podría alcanzar los 15 millones.
Esta misma semana, los gestores de Novagalicia, su presidente José María Castellano y su consejero delegado César González-Bueno, afirmaban que la entidad había renunciado a emprender acciones legales contra la anterior cúpula, después de que diversos informes jurídicos dictaminaran que hay poca base legal. Fuentes oficiales de NGB aseguran que la entidad "colaborará en la investigación de Anticorrupción al ser los máximos interesados en que se esclarezca el asunto".
Castellano, además, negocia con tres de los cuatro exdirectivos la devolución de parte de estos pagos. De momento, solo Javier García Paredes ha accedido a un trato. El ex director general adjunto ya había renunciado a una parte de la indemnización establecida en su contrato al dejar su puesto. Ayer, Pego, Gorriarán y Rodríguez manifestaron en un comunicado conjunto que contribuirán a la investigación y su deseo de que se les permita defender "su honorabilidad y la profesionalidad de su gestión".
La denuncia presentada por CIG también cuestiona la valoración que se ha hecho de la entidad, de la que el FROB controla un 93% tras inyectarle 2.465 millones de euros.
Pero el sindicato va más allá. "Muchos directivos se acogieron al ERE abierto por la caja. Nos dirigimos a Trabajo para denunciar esta situación, ya que toda la alta dirección tenía contratos especiales. De hecho, existen actas del consejo de octubre (de 2010) que reflejan cómo se consolidaron parte del salario variable como fijo o se aumentaron el sueldo antes de ratificarse la fusión", señala Clodomiro Montero, portavoz del sindicato gallego.
Caja Segovia
Ayer Unión Progreso y Democracia (UPyD) trasladó ante la Fiscalía la polémica de los sueldos de prejubilaciones de directivos en Caja Segovia, como la del ex director general Manuel Escribano, de unos seis millones de euros.