La tarifa del IBI sube hasta un 200% desde que Gallardón es alcalde
Los contribuyentes con viviendas en propiedad en Madrid han visto cómo su factura del IBI se ha incrementado hasta un 200% desde 2003, año en el que Alberto Ruiz-Gallardón llegó a la alcaldía. Sin embargo, el aumento impositivo se explica más por las revisiones catastrales que por los incrementos de tipos impositivos, que se mantienen congelados desde 2009. Jaume Viñas Madrid
El propietario de una vivienda de 150 m2 en el centro de Madrid pagaba por IBI unos 376 euros en el año 2003. Este mismo contribuyente debe abonar por el mismo concepto antes del 31 de noviembre en torno a 1.150 euros. Es decir, su factura tributaria se ha encarecido un 205% desde que Alberto Ruiz-Gallardón accedió a la alcaldía. Para una vivienda similar en un barrio periférico de la capital, como Carabanchel, el aumento en los últimos ocho años ha sido algo menor, del 155%. Durante ese mismo periodo (2003-2011), la inflación ha subido mucho menos, un 25%.
El encarecimiento de la factura del IBI se explica, sobre todo, por la revisiones catastrales que determinan la base imponible de este impuesto local. Así, en el año 2001, entraron en vigor los nuevos valores que elabora la Dirección General del Catastro, ente dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. El Ayuntamiento de Madrid no aplicó de golpe el incremento del valor catastral -un 129% de media- y optó por fijar subidas paulatinas durante los siguientes 10 años.
Con todo, el municipio tiene competencias para subir o bajar los tipos impositivos del IBI y, por tanto, podía reducir el gravamen para dejar sin efecto la revisión catastral de 2001. Madrid rechazó tal posibilidad y entre 2004 y 2009, subió progresivamente el tipo desde el 0,512% hasta el 0,581%, nivel que se ha mantenido durante los últimos años.
En cualquier caso, el llamado catastrazo es el principal culpable del incremento de la factura del IBI y, en mucha menor medida, las subidas de los tipos impositivos que aprobó el Ayuntamiento de Madrid. Así, la burbuja inmobiliaria que ha sufrido España no solo ha incrementado exponencialmente la riqueza patrimonial de los contribuyentes, sino que también ha encarecido los impuestos ligados al ladrillo. Los valores catastrales suponen en torno al 50% del precio de mercado y se han elevado a medida que el coste de la vivienda se disparaba.
A partir del próximo año, Madrid incorporará la nueva ponencia de valores en el recibo del IBI, que supone un incremento medio del valor catastral residencial del 74% respecto a 2001. En cualquier caso, el Ayuntamiento no repercutirá los nuevos valores de golpe, sino que optará nuevamente por una subida paulatina durante los próximos diez años. Así, a pesar de que el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón haya congelado el tipo impositivo del IBI desde 2009, la factura tributaria no cesará de aumentar en la próxima década. Para el ejemplo propuesto -un contribuyente con un piso céntrico de 150 m2- la cuota a pagar dentro de 10 años ascenderá a 2.000 euros, un 74% más que en 2012 y un 430% más que en 2003. Y ello, suponiendo, que ya es suponer, que no se subirá el gravamen hasta el año 2023.
¿Y si los bienes del Estado y la Iglesia tributaran?
El listado de contribuyentes exentos en el IBI es relativamente corto, pero muy significativo en términos recaudatorios. La Administración central y las comunidades no deben pagar el impuesto local por los bienes vinculados a la seguridad ciudadana, a la defensa nacional o relacionados con los servicios educativos y penitenciarios.Según datos del Ayuntamiento de Madrid, el municipio deja de ingresar cada año unos 38 millones de euros por los beneficios fiscales de la Administración central y autonómica. En cualquier caso, si se modificara la normativa, los mayores ingresos se restarían de las transferencias que recibe el ayuntamiento por parte del Estado.Por otra parte, la Iglesia católica y el resto de confesiones "legalmente reconocidas" también están exentas de tributar por sus bienes. En caso contrario, deberían pagar cada año unos cinco millones de euros. La mayor parte de esta cifra, el 98%, corresponde a la Iglesia católica. Izquierda Unida reclama suprimir tal privilegio. Para ello, sería necesario reformar el acuerdo "sobre asuntos económicos" firmado por España y la Santa Sede en 1979 y que consagra los beneficios fiscales de la Iglesia católica. El pacto establece que estarán exentos del IBI "los templos y capillas destinados al culto, la residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes, los locales destinados a oficinas", entre otros. Las entidades sin ánimo de lucro, como la Cruz Roja, tampoco tributan por IBI, lo que supone un ahorro de 13 millones. El pleno del Ayuntamiento de Madrid, con el PP a la cabeza, reclamó el pasado mes de octubre al Estado una compensación por estos beneficios fiscales que restan recaudación a las arcas municipales.