Mantener o cambiar el Estado del bienestar
El PSOE se presenta como garante de la política social y el PP niega que vaya a aplicar ajustes en sanidad, educación o prestaciones por desempleo
Cómo mantener el actual Estado del bienestar se ha convertido en una de las claves de los programas electorales y, a la vez, en la principal arma arrojadiza entre los candidatos a la presidencia del Gobierno ante el 20 N. En otras palabras, no hay mitin, ni anuncio electoral en el que los representantes de PSOE y PP no se acusen mutuamente de planear recortes presupuestarios en pensiones, educación, sanidad, desempleo, familia y servicios sociales, que son las patas que conforman el tan traído y llevado Estado del bienestar.
Es una evidencia que la brutal crisis económica que azota a España está obligando desde hace un par de años a recortar los presupuestos de todo el gasto social: el Gobierno congeló la mayoría de las pensiones este año; y por toda la geografía nacional, en mayor o menor intensidad, las comunidades autónomas -que son las responsables de diseñar la mayoría del gasto social, salvo en pensiones y desempleo- eliminan camas de hospitales e incluso cierran temporalmente quirófanos o consultas; amortizan plazas de profesores interinos; y recortan ayudas a las familias.
De momento, solo la protección a las personas desempleadas se está salvando de los ajustes presupuestarios. Lejos de plantearse una reducción o una reordenación de este gasto -que ha superado los 30.000 millones anuales en los últimos dos años- el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha extendido esta cobertura con consecutivos programas de una ayuda de 426 euros por seis meses para los parados que agotan sus prestaciones y subsidios y no tienen otras rentas. Estos programas son prorrogables, por lo que el próximo Gobierno tendrá el dilema de qué hacer con alrededor de medio millón de personas que agotarán su ayudas a principios de 2012. Es más, desde el 1 de enero de 2012, todas estas personas perderán también su cobertura sanitaria, algo que deberá solucionar con urgencia el nuevo Ejecutivo.
Solo la protección a los desempleados se está salvando de los recortes
Pero más allá de las acusaciones mutuas acerca de los supuestos recortes sociales, la clase política tiene claro que se enfrenta, cuando menos, a un cambio de modelo del Estado del bienestar, ya sea mediante una profunda reforma organizativa, que permita salvar de los recortes cuantas coberturas sea posible, como defienden los socialistas; o bien abriendo a la gestión más profesional y privada una parte más amplia de estos servicios, como promulga el PP.
Estos son, precisamente, los dos modelos que persiguen el PSOE y el PP, respectivamente, para el sistema sanitarios de los próximos años. De hecho, los populares o los nacionalistas catalanes de CiU ya están ensayando los cambios en los territorios dónde gobiernan: en Cataluña ya han anunciado el cierre de ambulatorios o servicios de urgencia nocturnos; la gestión sanitaria privada de centros públicos ya es una realidad en Valencia y Madrid; mientras que esta última comunidad ha privatizado recientemente su servicio de cita previa.
Así, aunque aparentemente los principales partidos defiendan modelos de bienestar completamente distintos, a la hora de poner blanco sobre negro sus propuestas las diferencias son más bien de matiz. Así en las cuestiones fundamentales, PSOE y PP se muestran "comprometidos a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas"; si bien más allá en esta materia, el PSOE incide más en mejorar las pensiones mínimas y de viudedad y los populares en establecer la jubilación anticipada como derecho subjetivo del trabajador. La última reforma de las pensiones de agosto dejó el trabajo hecho a corto plazo, con lo que el próximo Gobierno tendrá este trabajo hecho. ¿Qué se debe hacer para corregir esta grave distorsión? La mayoría de expertos indican que deben combinarse políticas a corto plazo, con lo que el próximo Gobierno tendrá este trabajo hecho.
Familia. Extender la educación de cero a tres años
La medida estrella de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, que ha dado cobertura a unas 700.000 personas (fundamentalmente a través de ayudas económicas.Los socialistas quieren seguir aplicando esta ley, mientras que los populares proponen refundar su financiación para que primen los servicios frente a las prestaciones dinerarias. En cuanto al resto de ayudas a la familia, todos los partidos pretenden universalizar la educación de cero a tres años como clave para fomentar la incorporación de la mujer en el mercado laboral y mejorar la conciliación familiar. Sin embargo, ninguna formación se compromete a reinstaurar el cheque-bebé.
Los retos, en cifras. Primacía del gasto social en las cuentas
Uno de cada dos euros de los Presupuestos Generales del Estado va destinado a gasto social. Las pensiones se llevan la mayor parte (112.216 millones de euros). En segundo lugar, y debido a la crisis, le siguen las políticas de desempleo (30.474 millones este año) y las políticas activas de formación para el empleo (7.300 millones). El futuro Gobierno deberá conjugar este presupuesto para atajar, por ejemplo, una de las magnitudes más preocupantes de la sociedad española: el 44% del paro juvenil de menores de 30 años. El próximo Ejecutivo tendrá el reto de que España deje de ser el país europeo con menos camas hospitalarias, 3,3 por cada mil habitantes. La educación con 2.800 millones supone la partida menor.