Una política tributaria al filo de lo imposible
Quiero a quien persigue lo imposible". Este arrebato romántico de Goethe expresa muy bien la opinión actual acerca de los incentivos fiscales. Realizar en estos momentos en Europa una política de incentivos es una tarea sumamente complicada. En primer lugar y casi por definición, un incentivo fiscal debe ser selectivo y otra cuestión muy distinta es una rebaja estructural de impuestos.
En principio, un incentivo busca alterar comportamientos y decisiones con lo que puede utilizarse, al menos en teoría, para fomentar el crecimiento. Esta alternativa de incentivar tiene un menor coste que la rebaja generalizada de impuestos, pero para la Comisión Europea y para el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la selectividad es un rasgo que define las ayudas de Estado, alteran la competencia y, en consecuencia, están prohibidas por los Tratados Comunitarios.
Para las Instituciones Europeas, una empresa española sometida a un tipo del impuesto de sociedades del 30% compite deslealmente porque se puede amortizar el exceso pagado por la adquisición de una sociedad no residente, el fondo de comercio financiero al 5% anual. Sin embargo, ninguna empresa instalada en Irlanda compite deslealmente por tener un tipo del Impuesto de Sociedades del 12,5%. Por supuesto, tampoco compiten deslealmente los bancos que reciben directamente ayudas públicas: "Cosas veredes, amigo Sancho", que diría Cervantes. Muy discutible, pero es lo que hay. A estas alturas, no le extrañará al lector que la gobernanza fiscal en Europa sea "mejorable".
Por otra parte, se pueden establecer incentivos indiscriminados como la deducción de 400 euros en el IRPF. Esto no tiene problemas con las instituciones comunitarias pero puede llevar directamente al país a la quiebra. En estos momentos, obligados a cumplir un exigente objetivo de déficit, una medida de este tipo sería impensable. Es sumamente complicado establecer incentivos fiscales válidos y, lo peor de todo, es que es necesario que funcionen.
Aún así, el Gobierno que salga elegido el 20-N tendrá que jugar la carta de los incentivos fiscales. En 2012 España está obligada a aplicar una política fiscal muy restrictiva para conseguir el objetivo del 4,4% de déficit y recuperar así un mínimo de credibilidad después del más que probable incumplimiento del objetivo de déficit para este año.
Además, es requisito imprescindible sanear el sistema financiero, y probablemente recapitalizarlo después. Todas estas medidas son imprescindibles pero negativas para el crecimiento a corto plazo, en un país con cinco millones de parados. Para compensar todo esto, se necesitan reformas estructurales que refuercen el crecimiento, pero es muy probable que solo den resultados a medio plazo. En consecuencia, aunque se crea que los empresarios invierten y crean empleo cuando consideran que hay demanda y van a ganar dinero y no cuando se les prometen bajos impuestos a corto plazo, los incentivos fiscales volverán a escena en 2012.
Con todo, estos incentivos deberían ser temporales y revisables. También debería medirse muy bien su grado de cumplimiento y sería preferible que el incentivo fuese inmediato y no a muy largo plazo, tanto por dar liquidez a las empresas, como por no comprometer la política fiscal del futuro. Creo que un cambio de política fiscal puede ayudarnos a salir de la crisis, aunque esta reforma tiene que ser estructural y en profundidad.
Después de cuatro años de crisis, nadie duda de la naturaleza estructural de la crisis económica. Para combatirla necesitamos cambios fiscales estructurales y no solo incentivos temporales, que son una aspirina para el enfermo, necesaria y conveniente, pero secundaria en el tratamiento.
Francisco de la Torre Díaz. Secretario de la Organización de Inspectores de Hacienda