La abogacía cuenta ya con pruebas piloto del máster
Entra en vigor la norma que obliga a los futuros letrados a superar un posgrado
Ya es un hecho. El reglamento de la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador acaba de entrar en vigor cinco años después de la aprobación de esta norma que obliga a los licenciados en Derecho a superar un posgrado, un periodo de prácticas y un examen final para poder ejercer. Los Ministerios de Justicia y Educación han colaborado en la elaboración de este texto, en el que también se ha escuchado a catedráticos, representantes de la abogacía y de la procura así como a los propios estudiantes. El Gobierno dio luz verde ya en junio a este reglamento que entra ahora en vigor, tras "largas negociaciones" con los colegios profesionales, según admitió el entonces el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Es un buen acuerdo y nos va a permitir que las próximas generaciones tengan una formación más práctica de estas carreras, que son eminentemente profesionales", afirmó. Los licenciados en Derecho o los poseedores de un título de grado de contenido jurídico deberán realizar desde ahora un curso de formación especializada en universidades públicas o privadas o en Escuelas de Práctica Jurídica, creadas por los colegios de abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía Española.
El plan de estudios, de 60 créditos ECTS, pretende que los alumnos adquieran habilidades para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto, integrar los derechos de sus clientes ante jurisdicciones nacionales e internacionales e incorporar la vía de la mediación y el arbitraje en su trabajo diario. Asimismo, busca mejorar sus capacidades en la producción de documentos, interrogatorios y periciales así como fomentar el conocimiento de idiomas, del funcionamiento de la Asistencia Jurídica Gratuita o de la gestión de los bufetes. El Gobierno otorgará anualmente becas para impedir que ningún licenciado renuncie a esta formación por motivos económicos.
Los alumnos tendrán, además, que superar un periodo de prácticas externas, que comprenderán 30 créditos adicionales y estarán tuteladas por un equipo de abogados o procuradores que haya ejercido la profesión durante al menos cinco años. Fuentes de la abogacía admiten a CincoDías que ya se están realizando pruebas pilotos para poner en marcha estos máster.
Las prácticas se desarrollarán, total o parcialmente, en juzgados o tribunales, despachos profesionales o departamentos jurídicos o de derechos humanos de la Administración, instituciones oficiales o empresas. Asimismo, pueden cursar una parte de este periodo en cárceles, establecimientos policiales o centros de servicios sociales o sanitarios. Finalmente, los candidatos se enfrentarán a una prueba de evaluación para acreditar que están capacitados en el ejercicio de la profesión. Este examen, idéntico en todo el país, constará de un test con respuestas múltiples que incorporará en su calificación la obtenida en el periodo de formación, la cual ponderará en un 20%. Los estudiantes que aprueben este primer ejercicio pasarán a resolver un caso práctico. La evaluación será convocada por los Ministerios de Justicia y Educación como mínimo una vez al año y será publicada en el BOE con tres meses de antelación, sin que pueda limitarse el número de plazas, informa Europa Press.
Este nuevo marco regulatorio de acceso a las profesiones de abogado y procurador fue establecido por la Ley 34/2006, de 30 de octubre. Sigue un esquema que es habitual en la mayoría de los países europeos, distinguiendo el título académico del profesional.
Carnicer aboga por especialidades en cada centro
La abogacía española ha reclamado durante "casi cien años" un título profesional de acceso a la profesión con el fin de fomentar una formación eminentemente práctica y evitar que ésta se convierta en un "quinto curso teórico".Esta formación deberían ahondar en múltiples especialidades. En este sentido, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, abogó en Cádiz durante el X Congreso por que hubiera máster especializados en las Escuelas de Práctica Jurídica, de los Colegios de Abogados. "Me encantaría que, por ejemplo, el Máster Mercantil lo ofreciera la Escuela Jurídica de Cádiz y que los centros compitieran entre sí".La mayoría de Colegios ya han preparado sus pruebas piloto, que deberán contar próximamente con la aprobación del Ministerio de Justicia y Educación.El objetivo del Consejo pasa también porque los políticos presten más atención a la profesión. En el marco del X Congreso de la Abogacía, Carlos Carnicer, reclamó el pasado jueves a los partidos políticos que "coloquen a la Justicia en el lugar que se merece" en sus programas electorales, ya que hay que tener en cuenta los efectos que un buen servicio público tiene tanto en la vida de los ciudadanos como en el desarrollo de la economía.Para Carnicer, la Justicia debería colocarse como tercer interés de los partidos, tras la educación y la sanidad. El Consejo remitió hace un mes un escrito a los partidos en donde les advertía de la "trascendencia económica" que tiene un buen funcionamiento de la Administración de Justicia y de la importancia de fomentar una imagen de seguridad jurídica, "que es lo primero que preguntan los inversores que llegan a España".
Las cifras
5 años es lo que ha tardado la Ley 34/2006, de 30 de octubre, en entrar en vigor. No podría hacerlo hasta tener desarrollado el reglamento de acceso a la abogacía.20% es el porcentaje de ponderación del periodo de formación en el examen de posgrado a la profesión.