"Somos operadores jurídicos como los letrados"
El máximo representante de los graduados sociales considera un gran avance y "un respaldo legal" que se haya permitido a estos profesionales firmar el recurso de suplicación. Desde su punto de vista, les ha situado al nivel de abogados y procuradores
Francisco Javier San Martín es desde hace ocho años presidente del Consejo General de Graduados Sociales, una profesión que acaba de tener un respaldo legal al permitir a estos profesionales firmar el recurso de suplicación como cualquier abogado. De ahí el lema que utilizaron en su pasada asamblea nacional, que tuvo lugar en Granada con la presencia de los Príncipes de Asturias: La profesión del siglo XXI, a la que acudieron más de 500 graduados de toda España y otros países latinoamericanos.
¿Qué le hace ser al graduado social el profesional del siglo XXI, según reclamó el lema de la XIII Asamblea Nacional?
La situación económica y los cambios en el modelo industrial conllevan poner en valor la formación específica del graduado social. Seremos un elemento imprescindible en la comunicación de la sociedad con el Estado. El graduado social va a contribuir a mejorar la productividad de las empresas, asesorando sobre la competitividad, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la elección del mejor modelo de relaciones laborales. Esto nos hace indispensables para el desarrollo de la mediana y pequeña empresa en momentos de cambios del sistema productivo. Además, somos una profesión joven, la más joven de las profesiones jurídicas. Siempre hemos sido valientes en nuestras propuestas y esto nos ha hecho progresar como colectivo.
¿Cómo afectan a los graduados las últimas reformas, especialmente procesales, en justicia social?
Han supuesto un respaldo legal para la profesión. Ahora se nos permite firmar el recurso de suplicación, algo que veníamos reclamando desde hace tiempo. No entendíamos por qué no podíamos continuar dirigiendo el proceso iniciado en el juzgado de lo social. El Estado ha reconocido que el graduado es un operador jurídico igual que lo es el abogado o el procurador. También supone, en sentido inverso, un compromiso muy grande con la sociedad por este reconocimiento.
¿Abogados y graduados sociales se complementan o tienen perfiles diferentes en el ámbito sociolaboral?
Son diferentes. El abogado tiene un perfil muy orientado a lo procesal, también en materia civil o penal. El graduado es un profesional dirigido al asesoramiento integral de la empresa en materia laboral y fiscal o del trabajador en derechos laborales o Seguridad Social. No obstante, ambas profesiones se complementan y de su sumatorio se produce un asesoramiento completo. El graduado asesora en la dinámica diaria de la empresa y el abogado lo hace desde un punto de vista más procesal, más generalista.
¿Es la colegiación obligatoria una garantía de profesionalidad para el ciudadano o ya solo refleja cierto corporativismo? ¿Qué aportan hoy los colegios a sus miembros?
Creo que la colegiación debe ser obligatoria. Uno de los factores de la crisis es la desregulación. Si el sector financiero hubiera tenido más elementos reguladores la situación hubiera sido de otra manera. La falta de regulación no está relacionada con mayor actividad económica. Los colegios aportamos formación, mantenemos grandes escuelas de práctica profesional, control del intrusismo y al ciudadano le garantizamos que esa actividad profesional está controlada y regulada para su seguridad.
¿La crisis económica ha fomentado el intrusismo profesional en el sector? ¿Cómo se combate?
Sin lugar a dudas, esto se ha producido y la mejor forma de combatirlo es la presencia de los colegios profesionales. Estamos ante una especie de guerra mundial en la que la munición es el dinero y la situaciones de necesidad personal hace que se establezca el todo vale. Por la seguridad de los ciudadanos, los colegios tenemos la obligación de combatirlo. Creo que es una falacia que la liberalización de los servicios profesionales impulsen la actividad. Y si hay que liberalizar, tiene que ser en todas la profesiones -medicina, abogacía, notaría...-, si es libre, que lo sea del todo. Estoy convencido de que los servicios profesionales en corporaciones no traban la economía. Nosotros somos los que cuidamos que las cosas se hagan ordenadamente, que los intereses de todos estén protegidos.
¿Accederán los graduados a la judicatura del orden social?
No lo creo. La judicatura requiere algo más que el conocimiento de la norma laboral y de Seguridad Social. Un juez entra en competencias penales o civiles que no están dentro del ámbito formativo del graduado social. El graduado no pide ser juez. Es un profesional que quiere hacer su trabajo en el ámbito laboral y fiscal sin que le molesten.
Otra cosa es la labor de mediación. Siempre he defendido la posición del graduado como técnico en la conciliación y que esta sea efectiva, no un mero trámite. Hay que dar valor a la figura del mediador que tiene que tener una formación debida, un prestigio social y un control colegial. Esto descargaría enormemente al juez dejándole mucho más espacio en otros ámbitos. Este sí es un papel que reivindico para el graduado
¿Deberían los graduados ejercer algún tipo de competencia pública para aliviar la carga de trabajo de las Administraciones?
No es nuestro papel. Lo que debería hacer la Administración es crear más plazas, ocupadas con profesionales capacitados para el ámbito laboral. El graduado interviene en el proceso laboral pero no debe asumir funciones que son públicas.
¿Cómo afecta la situación económica a su colectivo? ¿Se están produciendo ajustes de empleo o negocios significativos en el sector?
El graduado va unido en el triunfo y el fracaso a la marcha de la empresa. Cuanto mejor van las empresas, mejor están los graduados y si estas tienen dificultades los graduados, también. El graduado es un mecánico en la pyme y si esta no marcha bien, él tampoco. Nuestro sector daba empleo a 100.000 familias y se ha reducido al tiempo que se ha reducido la actividad económica en la pyme. El graduado social sufre lo que sufre la empresa y la crisis no ofrece nuevas oportunidades de negocio, como podría ser el proceso concursal para los abogados.
¿Cuál es su valoración de las recientes reformas laborales? ¿Servirán para la creación de empleo?
Creo que no. Las reformas han sido necesarias, aunque se han quedado cortas, pese a que comprendo que la situación es difícil. El empleo se crea cuando haya oportunidades para las empresas y estas se crean simplificando y unificando la contratación y el despido. Debería existir un contrato indefinido causal y un contrato temporal y reducir el coste del despido. Es una locura la indemnización de 45 días por año. La indemnización por despido debería ser de 20 días por año con un tope de 12 meses, y eso creará empleo. Hay que hacer desaparecer la idea del despido objetivo. Necesitamos un solo despido, es decir, una resolución empresarial del contrato con indemnización de 20 días.
¿El nuevo contrato de formación y aprendizaje es realmente útil para el empresario?
El problema está en que durante la época de bonanza de la construcción hubo un abandono masivo de jóvenes del sistema educativo para trabajar en ese sector. Cuando la crisis ha expulsado a esos trabajadores de la construcción, estas personas vuelven al mercado de trabajo sin la cualificación necesaria. Son medidas acertadas pero extremas, concebidas para una situación excepcional como la que sufren estas personas, buscando acreditar una formación.
¿Son necesarias otras regulaciones del mercado de trabajo?
Por supuesto. El nuevo Gobierno, sea cual sea, debe reformar en profundidad el mercado de trabajo, especialmente la extinción. Hay cosas sin sentido que es imprescindible reformar de inmediato. En el Derecho del Trabajo hay estructuras arcaicas.
¿Está obsoleto el sistema de negociación colectiva?
No introduciría más reforma que la eliminación de la figura del liberado sindical en la empresa. Se debería limitar la acumulación de horas sindicales. Los trabajadores deberían acudir más a los profesionales y menos a los sindicatos. Los profesionales defendemos los intereses de nuestros representados y los sindicatos, aunque defiendan al trabajador, tienen un interés sindical que puede llevar a anomalías.
"Colegiación obligatoria frente al intrusismo"
¿Qué aportan hoy los colegios a sus miembros? Los colegios aportamos formación, mantenemos grandes escuelas de práctica profesional y control del intrusismo. Al ciudadano le garantizamos que esa actividad profesional está controlada y regulada para su seguridad. La colegiación debe ser obligatoria.El Gobierno ha recogido sus propuestas sobre la colegiación de los graduados sociales. ¿Cómo lo valora?Constituye un acto de reconocimiento a la profesión y de la posición de los colegios profesionales en el ordenamiento jurídico. Es el reconocimiento por el Estado de la necesidad de colegiación de aquellos que ejercen esta profesión, al igual que otras jurídicas, como abogados y procuradores. Estás tres profesiones liberales se conforman como el grupo de las profesiones jurídicas.¿La formación y encuadramiento profesional de los graduados son garantía para las relaciones laborales?Somos profesionales imprescindibles y nuestra colegiación no debe someterse a duda, toda vez que es la forma de garantizar a los ciudadanos un mejor control del prestador del servicio, y a la sociedad, una mayor eficacia en el desarrollo del sistema. Por otra parte, nuestra formación universitaria especializada, y ahora en estudio para su ampliación, refuerza el papel que desempeñamos en las relaciones laborales y el asesoramiento de las empresas.