Firmeza y unidad; memoria y generosidad
ETA anunció ayer "el cese definitivo" de su actividad armada. Con la siniestra y tradicional escenografía de tres bustos encapuchados ante las cámaras, medio siglo y más de 800 asesinatos después de su desafortunada creación, la organización terrorista manifiesta su "compromiso claro, firme y definitivo" para superar lo que histórica y eufemísticamente siempre han denominado "confrontación armada". Siguiendo un guion y una liturgia predecibles iniciados con el barniz de la cumbre de fuerzas políticas vascas y observadores internacionales esta misma semana en el palacio de Ayete, en San Sebastián, la organización armada ha dado un paso que, dicho sea con todas las cautelas, podría ser definitivo. Por tanto, como tal deben considerarlo las fuerzas políticas democráticas españolas, tanto las que ahora administran el Estado como las que pueden administrarlo tras las elecciones generales.
Los Gobiernos y la oposición nacionales tienen históricos precedentes como para parapetarse tras toda la cautela del mundo ante un fenómeno como este, que estaba cantado se produciría un día u otro. El lenguaje usado por la banda no contiene el positivismo que algunos reclaman, pero sí tiene elementos para poner en marcha las herramientas que permitan explorar el fin definitivo del terrorismo en España, que ha distorsionado, condicionado y malbaratado los últimos cinco decenios de la historia del país, y entre ellos los 35 últimos años en los que los españoles se han sacrificado por abrirse camino en democracia.
No hay que olvidar que ETA es un grupo terrorista mientras no se demuestre en el futuro otra cosa, que defiende intereses muy determinados, y nadie puede esperar que dé saltos en el vacío ni con el lenguaje. De hecho, más vale que los dé en la realidad y los hechos, que en la escenografía y el lenguaje. Si abandona, como dice, "definitivamente su actividad armada", es cuestión de tiempo, de poco tiempo, que entregue las armas. Estemos, por tanto, a los hechos, y demos importancia relativa al lugar de las comas, a las referencias y las ausencias de su comunicado.
La decisión es de los terroristas, porque voluntarios han sido hasta ahora todos sus actos; pero quien les ha llevado a esta irrevocable conclusión es la firmeza de los sucesivos Gobiernos de España; la labor de persecución infatigable y arriesgada de las Fuerzas de Seguridad; la abnegación en el dolor de las víctimas; la aplicación de la ley por parte de los jueces y fiscales, y la presión social de la ciudadanía democrática. Todos han derrotado a ETA, la han llevado al convencimiento de que el camino de la extorsión y el asesinato no es transitable en el siglo XXI. Tras varios episodios de diálogo en los que la lógica terrorista rompía la esperanza, este debe ser el definitivo.
Gobierno actual y Gobierno venidero deben situarse en el escenario con la responsabilidad que merece el asunto, desechar toda tentación electoralista en los movimientos, y celebrar, con toda la ciudadanía, este proceso de liquidación del terrorismo, de victoria sobre el terrorismo. Y hacerlo con memoria, tal como ayer comentó el presidente del Gobierno. Una memoria en la que las víctimas del terror, quienes han sufrido esta lacra de cinco decenios en sus carnes, sean debidamente reconocidas. Esa es la condición previa que les habilita y faculta para mostrar, a su vez, generosidad con sus verdugos. Una cosa y la otra son imprescindibles para lograr una reconciliación sin cicatriz, una recomposición social sin amargura y perdurable.
Si España ha sufrido el azote irracional del terrorismo tantos años, lo ha sufrido en proporción exponencial el País Vasco, cuya sociedad no acababa de entender cómo una de sus venas se torcía y se volvía contra sus hijos. La violencia ha expulsado de Euskadi a miles de ciudadanos que hubieran querido echar allí raíz en los últimos decenios, y ha condicionado y maltratado a las generaciones empresariales más emprendedoras de España, con decidida vocación inversora en todo el país. Con firmeza, pero con mano izquierda y generosidad, el Gobierno actual y el Gobierno venidero deben conducir este asunto hasta el final con la lealtad y colaboración del que esté en la oposición, porque en juego no está una batalla electoral de corto plazo, sino la superación de una pesadilla que se ha cobrado más de 800 vidas y ha secuestrado la libre convivencia de un país entero demasiados años.