Expertos plantean acercar la formación de jueces y abogados
Juristas del CGPJ abogan por cambiar el modelo de acceso profesional
Torremolinos consiguió ayer convertirse en el epicentro jurídico de España. El VII Congreso de la Abogacía, organizado por el Colegio de Abogados de Málaga y la Escuela de Práctica Jurídica Antonio Naya, sirvió para congregar a más de 67 expertos jurídicos, entre jueces, fiscales, catedráticos, socios de bufetes y consultores, para tratar del derecho internacional, procesal, deportivo, laboral, de extranjería, administrativo, tributario y de familia, entre otros. A la inauguración en el Palacio de Congresos a cargo del decano del Colegio, Manuel Camas, el alcalde de la ciudad, Pedro Fernández, y el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, asistieron 800 letrados.
Entre los invitados más ilustres destacó la presencia de Pascual Ortuño Muñoz, director de la Escuela Judicial del CGPJ y ex director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña, quien se mostró partidario de aproximar la formación de jueces y abogados. "El acceso a la profesión de jueces y fiscales es el mismo pero resulta necesario compartir también la formación con los abogados. De hecho, se trata de algo que se hizo en el pasado. En el siglo XIX en España, por ejemplo, se exigía para ser juez haber ejercido antes como abogado", explicó.
Actualmente, no es así. A partir del próximo 31 de octubre, los abogados que quieran ejercer como tales tendrán que hacer un máster y aprobar un examen después de graduarse en Derecho. Sin embargo, la reforma del acceso a la judicatura, en la que ha estado trabajando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante varios años y donde se había alcanzado un principio de acuerdo consistente en la necesidad del máster también para los jueces, se ha quedado estancada ante la convocatoria de elecciones y la falta de consenso entre magistrados acerca de si el máster debería ser el mismo que la abogacía u otro distinto y específico.
"Había un grupo de trabajo del CGPJ que había elaborado algún documento a este respecto, pero será el nuevo Gobierno, el que salga de las urnas del 20 de noviembre, quien deba retomar esta reforma", afirmó Ortuño Muñoz. Antes necesitarán resolver las diferencias entre unos y otros jueces, los más conservadores, que velan por un máster específico para la profesión de juez y fiscal, y los más progresistas, que pretenden esa aproximación entre las dos profesiones.
Siete años y sin experiencia
Desde el punto de vista del director de la Escuela Judicial, "se debe ir a modelos europeos", y aunque reconoce que estamos "en el buen camino", critica que "los jueces que aprueban una carrera tengan que estar siete años de su vida aprendiéndose un temario de memoria y sin apenas experiencia práctica".
"La judicatura es corporativista y desde dentro no se ven las cosas con la objetividad necesaria, pero debemos de tener en cuenta que a quien interesa esta reforma es a la propia ciudadanía. A los ciudadanos les interesa tener buenos jueces porque tener jueces formados es un requisito para que exista la tutela efectiva en los tribunales", añadió Ortuño, también magistrado en excedencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.
La única solución posible que vislumbra este experto es el Parlamento. "Las propuestas están divididas entre los jueces, pero quien la tiene que aprobar por mayoría cualificada es el Parlamento", puntualizó.
La mayoría de los jueces y fiscales suelen acabar su formación cuando cuentan con 34 años, después de terminar la carrera, aprobar la oposición y pasar por la Escuela Judicial, por lo que los jueces quieren estudiar cómo podría instrumentalizarse el máster sin que ello suponga un mayor retardo para el ejercicio de la profesión que el que existe en la actualidad.
Profesionalización de magistrados
La reforma concursal fue uno de los asuntos que más interés despertaron en el congreso de la abogacía malagueña. El catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo Emilio Beltrán alabó el papel que los jueces mercantiles han desempeñado en el proceso concursal, "llenando, incluso, vacíos de la Administración", pero, en cambio, puso en tela de juicio "la profesionalización de los órganos concursales", a los que esta reforma no ha tocado.Beltrán criticó también otros aspectos de la reforma concursal, como el hecho de que el deudor no pueda utilizar el concurso como un instrumento para la reorganización de la empresa y que a los acreedores no se les ofrezca incentivos para que sustituyan la ejecución individual por la colectiva.Pero, además, este experto señaló que había que adoptar medidas para evitar que los concursos fueran tan caros y prolongados en el tiempo. "Si el concurso constituye el instrumento fundamental para la solución de la crisis de una empresa no podemos obstaculizarlo, hemos de facilitar la negociación con sus acreedores y no dejarle la única posibilidad de entrar en concurso", añadió.En este sentido, también abogó por profundizar en la igualdad de acreedores. "La reforma tenía que haber acabado con la doble graduación de créditos, diferente si se decide estar dentro o fuera del concurso", expuso. Para ello, consideró necesario "el avance" en los diferentes fondos de garantía social. "Con esta medida no estoy diciendo que los trabajadores la asuman, pero sí estoy a favor de dotar los fondos para que contribuyan", recalcó.