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Fitch recorta la nota a la Comunidad de Madrid y a Barcelona, entre otros

La debilidad fiscal mengua de nuevo el rating de la deuda autonómica y local

Las comunidades autónomas representan el gran talón de Aquiles para que España cumpla la senda de reducción del déficit. Al menos, ese es uno de los argumentos que con más insistencia repiten las tres grandes agencias de calificación, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, a la hora de rebajar el rating de España. El pasado viernes, Fitch recortó la calificación de la Administración central y ayer hizo lo propio con tres comunidades autónomas y cuatro entes locales.

Las notas con que las agencias de calificación puntúan a la deuda pública sirven de guía a los inversores para conocer la probabilidad de que una determinada administración no pueda cumplir con sus obligaciones de pago. Hasta enero de 2009, España mantuvo la triple A, la máxima calificación crediticia. Sin embargo, desde que Standard & Poor's le retirara ese privilegio, todas las agencias de calificación han ido, paulatinamente, denigrando el rating de España.

En el último año, las tres grandes del sector han seguido con la misma tónica. La necesidad de recapitalización de la banca y la crisis del euro han provocado que la mayoría de países de la UE hayan visto recortados sus notas de solvencia. Sin embargo, España, además de estos dos factores debe lidiar con las dudas que generan las cuentas de las comunidades autónomas. Sin ir más lejos, Fitch rebajó dos escalones hasta AA- la deuda de la Administración central por "el comportamiento presupuestario de algunas comunidades".

Y ayer hizo lo propio con Asturias, Cantabria y Madrid. Con toda, la rebaja estaba prevista ya que, en principio, la nota de los entes territoriales no suele superar la que ostenta la Administración central. Así, la Comunidad de Madrid, al igual que Cantabria y Asturias, han visto como su nota perdía un grado y caía hasta AA-. Tanto la comunidad como el Ayuntamiento de Madrid mantienen actualmente la misma calificación, un hecho que sorprende ya que el consistorio tiene la mayor deuda municipal de España mientras que el Ejecutivo regional cuenta con unas cuentas relativamente saneadas. De hecho, fue la región que cerró 2010 con un déficit menor.

En cualquier caso, los datos de ejecución presupuestaria evidencian que mientras el Gobierno central está cumpliendo con su compromiso de recortar el gasto y el déficit, las comunidades, al menos hasta ahora, solo han utilizado la austeridad para hilvanar sus discursos aunque sin efectos prácticos. De hecho, los últimos datos correspondientes al segundo trimestre muestran que los gobiernos autonómicos han gastado un 0,4% más respecto al mismo trimestre del año anterior.

"Las regiones tienen bajos incentivos para reequilibrar de forma rápida sus desequilibrios fiscales y el Ejecutivo tiene pocas herramientas para inducir un fuerte grado de disciplina a nivel regional", señalaba un informe de Standard & Poor's publicado el pasado mes de agosto. De momento, las agencias de calificación todavía no han valorado los recortes que en las últimas semanas han puesto en marcha comunidades como Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, Fitch también rebajó ayer la calificación del ICO y del ayuntamiento de Barcelona, La Coruña y Vigo. La capital catalana perdió dos grados hasta AA-, la misma nota que ostenta el Ayuntamiento de Madrid. El País Vasco, a quien Fitch rebajo el rating la semana pasada, y las diputaciones forales logran las mejores puntuaciones. La provincia de Álava es la única Administración que aún conserva una triple A, una calificación que a día de hoy parece utópica para el resto de entes territoriales.

El PP exige celebrar un consejo fiscal el lunes

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, afirmó ayer que las comunidades gobernadas por su partido han reclamado que se convoque el próximo lunes un Consejo de Política Fiscal y Financiera que aclare con qué recursos contarán las comunidades en el próximo año.La decisión del Ejecutivo de no prorrogar los Presupuestos de 2011 provoca, según el PP, que las comunidades no sepan con exactitud el dinero que recibirán en concepto de "transferencias del Estado". Montoro considera que el cuadro macro, que prevé que la economía avance a un ritmo del 2,3% el próximo año resulta irreal y, por tanto, también están equivocadas las previsiones de ingresos públicos. En principio, Economía se niega a convocar la reunión que solicita el PP.

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