COLUMNA

Cuando Zapatero desertó

Con la disolución de las Cortes queda pendiente la reforma de nuestro modelo de seguridad jurídica preventiva, comprometida en el programa electoral del Partido Socialista para 2008. Queda también sin cumplir el mandato contenido en el apartado 23 de los acuerdos del Consejo de Ministros de 14 de agosto de 2008 que acompañaba al Plan E, que se encomendaban a los Ministerios de Economía y Justicia. Todo se redujo a una propuesta sobre el Catastro incluida en la Ley de Sostenibilidad Económica que era de una levedad penosa.

Está sin explicar por qué en marzo de 2009 quedaron aparcadas las conclusiones de la comisión encargada de diseñar la reforma. Recordemos que la comisión estaba integrada por el Ministerio de Economía y Hacienda -direcciones generales de Política Económica, del Tesoro y Política Financiera, del Catastro y la Agencia Tributaria-, por el Ministerio de Industria -Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa- por el Ministerio de Vivienda -Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas- y por la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Y recordemos también que la titular del Ministerio de Vivienda, de nueva creación, era Beatriz Corredor, registradora de la propiedad en quien el Colegio de Registradores tenía puestas todas sus complacencias.

La comisión descompuso el citado apartado 23 en tres grandes áreas: primera, la identificación y eliminación de las duplicidades y solapamientos existentes entre notarios y registradores; segunda, la definición de una fórmula de información integral e integrada del territorio y mercantil, y tercera, los sistemas de supervisión de notarios y registradores. Con la excepción de la representante de Vivienda, existió unanimidad acerca de las conclusiones y del procedimiento para ejecutarlas. Todo pintaba que se lograría homologar nuestro modelo de seguridad jurídica preventiva con los de los países del entorno europeo más avanzado, mediante una reforma estructural que hubiera permitido agilizarlo y mejorar su eficiencia, con ahorro de costes para el ciudadano.

Pero, como en la canción de Carlos Puebla, en esto llegó el comandante y mandó parar. Aquí el que se erigió en discrepante obstruccionista fue el representante del Ministerio de Vivienda frente a los demás comisionados que estaban concordes. La existencia de duplicidades y solapamientos entre las funciones notarial y registral, es decir, de sobrecontroles injustificados, producía encarecimientos y para la comisión, conforme a los modelos europeos, solo debía existir un control de legalidad en todo el proceso. Su propuesta, por tanto, era que ese control de legalidad único fuera ejercido en competencia. Cuestión esta irrenunciable para todos los miembros de la comisión salvo, una vez más, para el representante del Ministerio de Vivienda.

La idea era que el funcionario público que prestara tal control autorizaría el negocio y publicitaría el mismo, utilizando de modo exclusivo e inexcusable los modernos sistemas de nuevas tecnologías. Salvo el representante del Ministerio de Vivienda, todos concordaban en que nuestro sistema es único y excepcional en toda Europa, pues en estos países solo existe una única base de datos (Catastro registro) o ambas bases están perfectamente coordinadas. Igualmente, se propugnaba que solo existiera una descripción física, de modo que el Registro solo pudiera utilizar las bases cartográficas y referencia catastral como medio de identificación de la finca. Dado que existen discordancias entre Catastro y Registro, se proponía que sus bases se depuraran y coordinaran jurídicamente. Tarea que se encomendaría al mismo funcionario público encargado del control de legalidad antes indicado. Luego, el sistema de información debería permitir al ciudadano tener acceso telemático a un único punto que le redirigiría al Catastro o al Registro Central de la Propiedad donde debería verterse la totalidad de los datos obrantes en los dispersos registros de la propiedad existentes.

En cuanto al actual sistema de Registro Mercantil, dado que la misma información obrante en los registros mercantiles provinciales se duplica en el Registro Mercantil Central, la solución propuesta era que el funcionario público único que controla la legalidad fuera quien autorizara el negocio jurídico y lo publicitara en el Registro Mercantil Central, de modo que este tuviera, como sucede a día de hoy, competencias en materia de denominación social, publicidad íntegra y Boletín Oficial del Registro Mercantil. Para todas estas tareas hubiera bastado una ley o, en su caso, un decreto ley, breve, acudirse, en su caso, a real decreto-ley, de modo que la norma fuera inmediatamente ejecutiva y que incluyera los mínimos retoques en los procedimientos de depuración y coordinación y decidiera el destino de los actuales notarios y registradores. Al conservar la totalidad de la normativa catastral e hipotecaria existente y limitarse a la introducción de cambios organizativos y de procedimiento, la norma carecería de complejidad en su desarrollo.

Es evidente que nos encontramos ante una reforma de profundo calado económico y de consecuencias inmediatas en la liberación de recursos públicos y privados que hubieran podido utilizarse para políticas de interés general. La reforma en nada alteraba las actuales bases jurídicas sobre las que se asienta el sistema, ni hubiera causado daño colateral alguno en el sistema de seguridad jurídica preventiva. Hubiera provocado valiosas sinergias económicas y beneficios inmediatos para el ciudadano. Buen momento para preguntarnos si la deserción fue por ineptitud y cobardía frente a potentes intereses corporativos.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista