La tarifa de la luz se dispara un 6% pero los clientes la pagarán a plazo
La subasta Cesur que fijó ayer la tarifa eléctrica del último trimestre cerró con una subida del 6%. Para lograr que el recibo no suba, tal como desea el Gobierno, este debe sacrificar la parte regulada de la factura, los peajes, bajándolos hasta un 12%. Una medida peligrosa, pues generaría más déficit de tarifa que los consumidores pagan a plazo y con intereses.
Malas noticias para los consumidores y el Gobierno. Tal y como se veía venir en los últimos días, a la vista del incremento de los precios de los mercados OTC y del pool eléctrico, el resultado de la subasta Cesur celebrada ayer ha determinado una subida de la tarifa de último recurso (TUR) para el último trimestre del 6%. Sin embargo, este resultado no se traduce necesariamente en una subida del recibo de la luz el 1 de octubre, ya que el Gobierno puede congelarlo a través de un conocido cambalache: compensando ese incremento de obligada aplicación con los peajes de acceso, que son la parte regulada del recibo que se aprueba en el BOE y podrían bajar.
Y lo hará muy posiblemente, pues a comienzos de verano el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ya advirtió que la luz no subiría más este año. Sin embargo, si el Gobierno recurre otra vez a este truco, alimentará el déficit de tarifa, que, de forma aplazada y con intereses (pues la deuda se coloca en el mercado con el aval del Estado) acaban pagando los consumidores. Por tanto, se oculte o no en un cajón y se difiera o no, la subida ha sido de un 6% y hay que pagarla. Y es que la subasta a plazo de los 3.800 MW (producto base) que se prevé consuman los clientes domésticos españoles el cuarto trimestre, cerró ayer a un precio de 57,99 euros MWh. Para las horas punta (458 MW), la casación fue de 63 euros/MWh.
Este precio, 0,5 euros por encima de los mercados OTC de ayer, aunque por debajo de los precios del pool de los últimos días que llegaron a rozar los 65 euros/MWh, ha determinado que la TUR subirá algo más de un 12% entre octubre y diciembre. Teniendo en cuenta que esta subida pondera aproximadamente la mitad en la factura eléctrica (la otra mitad corresponde a los peajes), el alza del coste de la energía será del 6%.
Por tanto, si el Gobierno quiere sacrificar la subida de los peajes o tarifas de acceso (imprescindibles, pues son las que financian los déficit acumulados y el resto de los costes del sistema, como las primas de las renovables) para lograr una subida cero que no enturbie la campaña electoral del PSOE de noviembre, debe bajar dichos peajes un 12%. Muy lejos de la congelación que el Ministerio de Industria ha propuesto en la orden de tarifas de acceso, que ayer tuvo que dictaminar la Comisión Nacional de la Energía.
Estos dictámenes se han convertido en un trabajo en balde que hace en la última quincena de cada trimestre el regulador energético, a la vista de que las propuestas de revisión de los peajes no sirven de nada, pues estos se han convertido en un comodín para ajustar el dislate de la Cesur.
25 vendedores
A falta de conocer la decisión definitiva del Gobierno, y aunque admita, como hizo en el tercer trimestre, un recorte de los peajes inferior al 12% y, por tanto, consienta en una cierta subida de la luz, la situación del déficit de tarifa, que acumula ya unos 20.000 millones de euros, es altamente peligrosa. Por ley, existe un límite anual que para este año se ha superado en 500 millones de euros, hasta 3.500 millones.
Todo ello sin contar el efecto de la subida del precio de la energía que resultó ayer de la subasta Cesur organizada por Omel. Según una nota de prensa remitida por el operador del mercado, los megavatios subastados para el cuarto trimestre fueron adjudicados en su totalidad a 25 vendedores (entre ellas, entidades financieras y de trading que aseguran el riesgo).
La energía fue adquirida por las cinco comercializadoras de último recurso que son las únicas autorizadas para suministrar a tarifa y son propiedad de las cinco grandes empresas eléctricas.
Qué hacer con la puja
Desde que se celebran, las subastas Cesur han sido un quebradero de cabeza para el Gobierno. La sospecha de que se manipulan los precios en los días previos ha hecho que la CNE abra una investigación, para lo que debe recibir información de la CNMV. Pocos confían en que resulte efectiva.