Patrimonio: segundas partes no son buenas
El Gobierno ha reimplantado el impuesto sobre el patrimonio. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconocía hace unos días que él mismo lo había solicitado a fin de financiar las futuras medidas de incentivo del plan de empleo que pretende impulsar de llegar a ser presidente del Gobierno.
Al margen de consideraciones políticas sobre la oportunidad de esta medida, en las que no vamos a entrar, procede realizar ciertas consideraciones técnicas sobre el mismo para que la ciudadanía conozca el alcance de tal medida. Cuando se quitó este impuesto, que grava la tenencia de bienes pero no su obtención, se nos dijo que era para favorecer el empleo; mientras que ahora curiosamente al reimplantarse se nos alega el mismo motivo. Por lo tanto, las circunstancias hacen que un mismo argumento sea válido en ambos casos, cosa que recuerda a la famosa frase de Galileo ante la Inquisición: "Eppur si muove".
El alcance recaudatorio de este impuesto será de mil millones de euros. Nos dicen que es un impuesto para ricos, pero en nuestra legislación no existe precepto alguno que defina numéricamente quién es o no rico, en este caso el límite será de 700.000 euros en patrimonio. En todo caso, parece que tanto el señor Rajoy como el señor Rubalcaba serían ricos bajo estos parámetros y pagarán este impuesto, según las declaraciones de bienes efectuadas por ellos.
Este es un impuesto que grava el patrimonio de las personas físicas, no de las jurídicas, con lo cual las grandes corporaciones y empresas están exentas de él. Eso explica que ni la CEOE ni ninguna gran fortuna se haya expresado sobre la oportunidad de su reimplantación, porque es evidente que los patrimonios, no ya los grandes, sino los medianos, no son poseídos por personas físicas sino por sociedades patrimoniales y Sicav, cuyos capitales sociales están lejos de responder a lo que verdaderamente tienen, todo ello cumpliendo la más estricta legalidad vigente.
De hecho, las grandes fortunas están asesoradas, y muy bien asesoradas, por abogados y economistas que estudian -estudiamos- día a día los cambios legislativos para adaptarnos de forma ventajosa a los mismos. El señor Jordi Sevilla, otrora famoso por asegurarle a nuestro presidente del Gobierno que en dos tardes le enseñaría economía, recientemente ha asegurado que ni él ni su compañía -PricewaterhouseCoopers- ven ningún motivo de preocupación para sus clientes en esta nueva reedición del impuesto.
De hecho, la conclusión a la que los profesionales llegamos es que los impuestos los pagan aquellos que tienen nóminas, que carecen de asesores que encaminen sus finanzas e impuestos y que reciben herencias que muchas veces les cuesta más en tributos que lo que les rentara algún día.
Dado que el Gobierno aprobó eximir de tributación a las ampliaciones de capital en las sociedades a fin de impulsar nuestro PIB, cualquiera puede realizar la sencilla operación de crear o constituir una sociedad antes del 31 de diciembre del presente año y así evitar la aplicación de este impuesto, de hecho en los despachos especializados ya nos están llegando peticiones en tal sentido.
Esto no debería funcionar así, y quizás fuera mucho más operativo incrementar tipos en el impuesto de sociedades o de la renta si el objetivo es recaudar más. El porqué no se hace es algo que nuestro lobby político y económico nunca nos explicará, muy probablemente porque en las declaraciones de bienes de nuestros políticos lo que no se nos dice es que muchos de ellos poseen esos bienes bajo formas societarias más o menos sofisticadas y en modo alguno les alcanza esta medida. El viejo refranero español ya avisa de que quien hace la ley hace digamos que hace algo más. Estamos creando un país donde las personas físicas adineradas tienen todas su avatar recreado en sociedades patrimoniales. Retocar y retocar un sistema impositivo, de la forma en que se está haciendo, provoca un caos y una inseguridad jurídica y fiscal que no beneficia al desarrollo de un país.
Si lo que se quiere es ir a otro modelo fiscal deberíamos iniciar un proceso serio y homogenizador en el cual no hagamos que todo español deba convertirse en asesor fiscal, un sistema en el que la ciudadanía crea en su equidad, capacidad redistributiva y justicia y que nos permita crecer. Tenemos un gran país, estamos obligados a hacer las cosas bien, podemos, solo hemos de confiar en nosotros y "todo irá bien".
JESæscaron;S SANCHEZ PAREJA. ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL ECONâMICO