Industria propone una regulación restrictiva para las nuevas eólicas
El departamento de Miguel Sebastián ha elaborado una propuesta de regulación para los parques eólicos que entren en funcionamiento en 2013 que supone un recorte de primas, de horas y de años a cobrar. Una propuesta en consonancia con el déficit de tarifa, según el ministerio, que garantiza la inversión y la financiación, pero que las empresas no aceptan.
En Industria están trabajando a fondo en una regulación "razonable" para las instalaciones eólicas que comiencen a funcionar el 1 de enero de 2013, toda vez que a finales del próximo año vence el actual marco regulatorio del real decreto 661/2007. Las más interesadas en que el Gobierno apruebe una nueva norma antes de que se celebren las elecciones generales son las propias empresas, que temen que, de no ser así, las inversiones se empantanen dado los plazos de planificación y maduración que necesitan este tipo de proyectos.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) señalaba recientemente que si la nueva regulación no se aprueba antes del 20 de noviembre, "la incertidumbre regulatoria podría alargarse un año más", con el consiguiente freno de las inversiones. Esta asociación parece haber convencido al ministerio, que, pese a las declaraciones realizadas en julio por Sebastián apuntando a que la norma no se aprobaría en esta legislatura, sigue trabajando en una propuesta que podría remitir a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Consejo de Estado en los próximos días.
Sin embargo, como en ocasiones anteriores, las diferencias entre las partes hacen peligrar una posible norma de consenso, que permita cumplir con los objetivos del Plan de Energías Renovables de alcanzar en 2020 una capacidad instalada de 35.000 MW, frente a los 20.500 MW actuales (1.400 MW al año).
La propuesta, que Industria quiere sacar adelante para evitar el parón del sector, es, según fuentes próximas al ministerio, "acorde" con la situación actual de déficit de tarifa; con la maduración que ha alcanzado la energía eólica, que representa un 16% de la capacidad instalada, y con una rentabilidad que le permitirá acceder al crédito a través de project finance. En definitiva, una regulación más restrictiva en cuanto a primas a cobrar; número de horas primadas (unas 1.500 horas anuales) y los años en que se percibirán, que pasan de los 20 actuales a 12 (hasta 2025).
El modelo, según las mismas fuentes, garantiza un suelo a cobrar en todas las horas de funcionamiento de las plantas, calculado para permitir la financiación de las instalaciones, aunque será variable y se ajustará cada año. En cuanto a la prima, esta no se cobrará todas las horas, sino en parte de ellas, para que todas las instalaciones estén expuestas al mercado.
Fuentes empresariales consideran que la propuesta, aunque ha mejorado respecto a la inicial, supone una reducción notable de las primas; de las horas (inferiores a las 2.300 horas de media al año que consideran adecuadas), y de los años en que se percibirán, hasta el punto de que la consideran, hoy por hoy, inviable. Frente al suelo del sistema actual, que garantiza incluso los costes de operación, en la norma en discusión solo se tiene en cuenta el retorno de la inversión, lo que, según las empresas, no es admisible para las entidades financieras.
En cualquier caso, Industria ha descartado en su propuesta el mecanismo de subasta de primas aplicado en otros países porque, aunque puede resultar más económico para los consumidores, lo considera más arriesgado, porque si al promotor no le salen los números, finalmente no construye.
Por otro lado, tampoco verá la luz la llamada prima negativa, que consiste en devolver el incentivo cobrado en el caso de que se supere el techo establecido (cap) si los precios de mercado, que cobran también las empresas, se disparan. Esta medida fue incluida por el Gobierno en la reforma de la Ley del Sector Eléctrico que fue remitida en julio a las Cortes, pero que no se ha podido tramitar por el adelanto electoral.
Una batalla con plazos muy limitados
Las empresas consideran interrumpidas las negociaciones con Industria ya que su propuesta, dicen, no permitirá construir un nuevo megavatio eólico. Sin embargo, a diferencia de otras veces, ahora el tiempo apremia. Aun remitiendo el nuevo marco regulatorio por trámite de urgencia para su informe a la CNE y el Consejo de Estado, los plazos para aprobarlo antes del 20-N están muy apurados.El Gobierno ha optado por elaborar una propuesta de norma, para evitar que el vacío legal paralice las inversiones del sector, pero no quiere aprobarla a cualquier precio, dado el abultado coste de las primas de las renovables. A las que más le urge es a las empresas que prefieren que sea este Gobierno el que lo apruebe: por razones de plazo, ya que el que salga de las urnas podría tardar varios meses en abordar el asunto.Preferirían incluso ceder ahora en sus pretensiones y que se apruebe ya, ante el temor a que un Gobierno del Partido Popular sea aún más restrictivo.Fuentes del sector aseguran que, en cualquier caso, el Gobierno no parece dispuesto a aprobar la norma si no hay consenso. Al parecer, señalan las mismas fuentes, el candidato socialista a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, quiere evitar nuevos frentes que le puedan perjudicar en la carrera electoral.