Una batalla electoral centrada en la fiscalidad
Todo apunta a que las elecciones generales del 20 de noviembre no solo van a ser unos comicios centrados en la economía, sino que además situarán la política fiscal como plato fuerte -si no principal- de las distintas propuestas electorales. La batería de medidas que tanto Mariano Rajoy como Alfredo Pérez Rubalcaba han hecho públicas en las últimas horas en este terreno deja pocas dudas acerca de que este será el capítulo que centrará buena parte de la batalla política que se desarrollará hasta el próximo 20-N.
Tras el debate generado por la reactivación del impuesto sobre el patrimonio por parte del Gobierno, Rajoy ha dado un paso adelante y, desde los micrófonos de la Cadena SER, ha hecho público un amplio paquete de medidas fiscales cuyo objetivo es tratar de reanimar el exangüe electrocardiograma que presenta la economía española. El líder del Partido Popular asegura que si gana las elecciones reducirá cinco puntos el gravamen en el impuesto de sociedades de las pequeñas y medianas empresas, situado actualmente en el 25%. Rajoy aplicará también una rebaja equivalente para aquellos autónomos que tributan en el impuesto sobre la renta. Ambas medidas suponen una fuerte apuesta por estimular la actividad de pequeños empresarios y emprendedores, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial en España y son por ello un factor clave para reactivar el crecimiento económico y generar empleo. Pese a que España se halla inmersa en una más que urgente necesidad de recomponer los ingresos públicos -así como de continuar reduciendo los gastos- esa tarea no puede hacerse a costa de aumentar la carga fiscal de los empresarios y dañar los frágiles mimbres que pueden propiciar la recuperación económica. Por ese motivo resultan interesantes también propuestas como la de premiar con ventajas fiscales la venta de activos fijos cuyo objetivo sea modernizar la actividad empresarial. Más discutible parece el proyecto de no tocar de manera inmediata los gravámenes del IVA y el IRPF en un intento de no penalizar el consumo. Desde el propio FMI y desde Bruselas se ha reclamado a España una subida del IVA -cuyo tipo del 18% es inferior a la media europea- como medida para contribuir al proceso de consolidación fiscal.
Desde las filas socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba ha puesto sobre la mesa una propuesta para avanzar de forma contundente en la lucha contra el fraude. Rubalcaba desveló ayer que su programa electoral incluye la creación de una oficina en esta materia cuyo objetivo es coordinar esfuerzos sobre tres grandes frentes: la inspección fiscal, la realizada por el Ministerio de Trabajo y la que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como ha recordado el propio candidato socialista, el año pasado la labor de los inspectores de la Agencia Tributaria permitió aflorar un total de 10.000 millones de euros de fraude, mientras que este año el montante detectado hasta el momento se sitúa en torno a los 6.000 millones. Una cantidad importante, cuyo impacto para las arcas del Estado supera considerablemente, por ejemplo, los 2.160 millones de euros que el Gobierno pretende obtener con la reactivación del gravamen sobre el patrimonio en 2011 y 2012, y que supone, por ello, una iniciativa muy positiva en la difícil tarea de elevar los ingresos del Estado.
Más allá del perfil de las propuestas respaldadas por uno y otro candidato, así como las aportadas por el resto de las fuerzas políticas, el Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre tiene una importante labor por delante que es necesario acometer de forma urgente: la puesta en marcha de una profunda reforma en materia fiscal que permita a España contar con un sistema tributario equilibrado, claro y capaz de hacer frente a las distintas etapas del ciclo económico. La batalla electoral a la que asistiremos en las próximas semanas constituye un terreno especialmente fértil para la proliferación de populismos, medias verdades y demagogias. Pese a que se trata de un daño colateral prácticamente inevitable en la contienda política, la situación económica que atraviesa España hace más imprescindible que nunca un esfuerzo común por sustituir esos extremos por el rigor, la honestidad y la responsabilidad.
