Vida profesional

Caamaño urge al pacto político para desatascar la justicia

Será clave tras el 20-N un "consenso" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la de los Tribunales de Instancia.

Caamaño urge al pacto político para desatascar la justicia
Caamaño urge al pacto político para desatascar la justicia

Para el titular de Justicia, Francisco Caamaño, existe una gran necesidad de "avanzar no solo en el terreno económico, sino en el del Derecho". Por eso, solicitó ayer, ante una audiencia de ilustres juristas, que los dos debates abiertos que han quedado sin resolver por el adelanto electoral -la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de los Tribunales de Instancia- tengan en un futuro una respuesta "consensuada, sistemática, ordenada y completa", porque desde su punto de vista resultan "más que razonables" para desatascar la justicia.

En la entrega de los Premios de los Jóvenes Juristas de la Fundación Garrigues, el ministro aseguró que "lo normal es que los asuntos penales se mueran tras dos años o tres de investigación" e instó a los profesionales a solucionar este problema. "De los casi siete millones de casos penales, menos del 20% llegan a juicio", concretó.

Caamaño incidió en que lo importante de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no suponía determinar si es el juez o el fiscal quien tiene que llevar la responsabilidad de la investigación, sino que "el sujeto importante es el ciudadano y las víctimas, y por ello no se puede dejar todo esto en una norma que data de 1882". Además, reconoció que la solución "nunca será perfecta, siempre será criticable, pero los casos no deberían prolongarse tanto".

También detalló la importancia de la Ley de los Tribunales de Instancia "para superar el modelo actual de juzgados-islas", explicó el ministro. Su idea era que cada juzgado estuviera controlado por cuatro jueces, que compartieran homogeneidad de criterios y permitieran una mayor eficiencia de los recursos, al poderse sustituir entre ellos. "Así se hubiera evitado que profesionales que no son jueces de carrera, aunque lo hagan muy bien, ejerzan como tales", apostilló Caamaño.

Pero no es la única consecuencia positiva del sistema propuesto por Caamaño y que en general ha contado con un gran respaldo político. Desde su punto de vista, el diseño que finalmente no ha podido ver la luz perseguía un mayor control de los gastos. "Si actualmente cada vez que se necesita un juez o un secretario judicial es necesario crear un nuevo juzgado, con esta norma se podía ampliar juez o secretario judicial sin tener que crear un tribunal", según detalló el ministro.

Caamaño, que reconoció como éxito de su equipo la modernización del Registro Civil -"ahora todo el mundo puede obtener su partida de nacimiento desde casa y sin hacer colas"-, instó al consenso político para agilizar la justicia. "En el último periodo de la legislatura, hemos intentado que la gran mayoría de las leyes que se aprobaran fueran por unanimidad, porque esa es la fórmula para que los modelos permanezcan", aclaró.

Se refirió, finalmente, a la nueva Ley de Acceso a la Abogacía, que entrará en vigor el próximo 31 de octubre, con la que se hizo un gran esfuerzo para que universidades, colegios de abogados, Educación y Justicia estuvieran de acuerdo. "Ha sido una norma que no se ajustaba mucho a los postulados de Bolonia, pero que gracias al diálogo se encontró una solución común", reconoció.

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, aprovechó su intervención para señalar que "en tiempos de crisis nunca se insistirá suficiente en la importancia de la formación de todos", subrayando el "todos".

"Los juristas deben responder a la crisis"

El ministro Francisco Caamaño hizo ayer un ejercicio de valentía, al exhortar a los juristas reunidos a que "arriesgaran" a hacer una reflexión sobre la situación económica actual. Primero lanzó la pregunta de si era el euro una moneda española y segundo, si era posible explicar la propiedad financiera.

"Los juristas tenemos que decidir las normas que deben regular al sistema financiero", señaló el ministro. En este sentido, explicó que expropiar un bien resulta algo sencillo, pero no tanto expropiar los patrimonios financieros, porque "estos son una cosa cuando abre la Bolsa de Tokio y se convierten en otra diferente cuando cierra Wall Street".

"Los juristas debemos dar respuesta a estas cuestiones de la crisis", repitió. El titular de Justicia comentó que se requiere una reflexión y la búsqueda de mayor consenso para "avanzar".

Antonio Garrigues, por su parte, valoró la búsqueda de "consenso político" que ha caracterizado la gestión del ministro de Justicia y catedrático de Constitucional.

Los jóvenes juristas galardonados fueron Iván Pérez, en la modalidad de joven profesional, y Enrique Gandía, de la Universidad Autónoma de Madrid, como estudiante.