Un retoque fiscal para un problema acuciante
Tras la confusión generada en los últimos días sobre cuál sería el alcance de la medida, el Gobierno ha desvelado finalmente las líneas maestras del proyecto de real decreto ley para recuperar el impuesto sobre el patrimonio. El texto, que se aprueba hoy en Consejo de Ministros, fija un mínimo exento de 700.000 euros -lo que supone que el número de contribuyentes afectados estará en torno a 160.000- y tiene carácter temporal, limitado a los ejercicios de 2011 y 2012. Además, el proyecto duplica el mínimo exento para vivienda habitual hasta 300.000 euros. De esta forma, y tres años después de dejarlo sin efecto, el Gobierno recupera un impuesto cuyo objetivo es puramente coyuntural: contribuir a reforzar la estabilidad presupuestaria y ayudar a cuadrar las tozudas cuentas que España debe presentar ante Bruselas, pero también a los mercados. Sobre el terreno, ello supondrá que los contribuyentes obligados deberán pagar de media 6.750 euros a Hacienda en las declaraciones que presenten en 2012 y en 2013. El montante anual que se prevé recaudar está en torno a 1.080 millones de euros, aproximadamente un 0,1% del PIB.
Pese a que es evidente que el Ejecutivo debe utilizar todos los instrumentos a su alcance para lograr el objetivo de cerrar el año con un déficit del 6%, a nadie se le escapa que el impuesto sobre el patrimonio es un tributo polémico que genera numerosas dudas tanto en materia de equidad como de neutralidad fiscal. Se trata de una fórmula tributaria que no grava la obtención de bienes, sino únicamente su tenencia, lo que supone un modo de castigar el ahorro y de someter a una duplicidad de gravamen los bienes del contribuyente. A ello hay que añadir la diferencia de criterios valorativos a que el impuesto somete los distintos vehículos de inversión, inmuebles, acciones, etcétera, con la penalización de unos respecto a otros que ello conlleva.
Aunque el Gobierno ha elevado considerablemente -hasta multiplicarlo prácticamente por siete- el mínimo exento del impuesto en un intento de no castigar a las rentas medias y concentrar los efectos del tributo únicamente en las grandes fortunas, la efectividad de esa medida también resulta discutible. Las posibilidades, plenamente legales, de situar los grandes patrimonios inmobiliarios bajo el paraguas de fórmulas societarias permite en la práctica eludir fácilmente el pago del impuesto. Más allá de esa circunstancia, y aún en el caso de que se cumpla el objetivo de recaudación previsto por el Gobierno, el restablecimiento del tributo no deja de ser un parche puntual, obligado por la precaria situación en que están inmersas las finanzas públicas, pero manifiestamente insuficiente para solucionar el problema que pretende resolver. En ese sentido, no hay duda alguna de que resulta muy perentorio recuperar la capacidad de recaudación del Estado, mermada en los últimos años por las distintas rebajas fiscales llevadas a cabo por Ejecutivos de ambos signos, pero se trata de un objetivo lo suficientemente importante como para que no deba llevarse a cabo de forma precipitada, populista o meramente parcial.
Esa urgente necesidad de elevar los ingresos del Estado -que debe ir acompañada de un esfuerzo similar por reducir los gastos- hace necesario acometer cuanto antes una reforma fiscal seria, profunda y eficaz. Una tarea clave que corresponderá ya al próximo Gobierno y que deberá llevarse a cabo con el doble objetivo de recomponer las arcas públicas y de evitar perjudicar la actividad de los agentes económicos, fundamental para la recuperación del crecimiento económico y cuyo estímulo fiscal es imprescindible mantener. El dato, hecho público ayer con ocasión de la apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, del crecimiento de los expedientes judiciales por fraude fiscal hace evidente también la importancia de reforzar la eficiencia y los medios de investigación de la Agenda Tributaria para luchar contra las bolsas de fraude. Todas ellas son tareas de calado, que exigen un análisis responsable, profundo y sereno, pero que al mismo tiempo resulta acuciante acometer cuanto antes. Una tarea urgente, que tampoco debe olvidar la simplificación de la fiscalidad, para el Gobierno que salga de las urnas el 20-N.
