Jueces y fiscales detectan un alza de los delitos económicos
Los casos de fraude a la Hacienda pública y la Seguridad Social se elevan un 41%
Jueces y fiscales han detectado en 2010 un incremento de los delitos económicos como consecuencia de la crisis. Los procedimientos por estafa, blanqueo de capitales y falsedades han aumentado, si bien han sido los relativos a delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social los que, con un 40,8% más, se han disparado. Esto "pone de relieve una persecución cada vez más intensa del fraude fiscal", según explicó ayer el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en su discurso en la apertura del Año Judicial. Desglosados los datos, los expedientes relativos a defraudaciones tributarias crecen en un 11,7%, mientras que los fraudes a la Seguridad Social lo hacen en un 200%.
Este incremento se produce a pesar de que se confirma claramente el descenso del conjunto de procedimientos penales iniciados. En 2010 se abrieron 4.472.042 causas por delito, lo que significa reducción de casi el 6%, según la Memoria de la Fiscalía difundida ayer. Conde-Pumpido insistió en que la respuesta penal para la protección de los intereses financieros "no será plenamente eficaz", mientras no se instaure la figura del Fiscal Europeo contemplada en el Tratado de Lisboa.
Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía General del Estado ve "extraordinariamente positiva" la apertura de 276.871 expedientes menos en 2010, lo que supone una cifra próxima a la de 2006. Conde-Pumpido destacó la labor "especialmente encomiable" de la Fiscalía Anticorrupción, "pese a la dificultad que implica la persecución de delincuentes poderosos, que gozan del privilegio del acceso a la opinión pública o que aprovechan su presencia en el mundo de la política para tratar de deslegitimar, en su propio provecho, la acción de la justicia".
En su intervención, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, se refirió también al impacto de la coyuntura económica en el funcionamiento de la justicia. "Por una parte, aumentan los conflictos y su complejidad en algunos órdenes jurisdiccionales y, por otra, se limitan los recursos destinados a modernizar la administración de justicia y a adecuar los medios humanos y materiales a las necesidades del momento actual y a las del futuro previsible". Dívar anunció que el CGPJ ha iniciado estudios "para calcular el coste de los litigios" para que cada una de las administraciones asigne "más eficazmente" los recursos para la justicia. En concreto, propuso la revisión de la planta judicial para distribuir los órganos judiciales en las zonas de más necesidad.
En lo que se refiere a la actividad propia del Tribunal Supremo, Dívar destacó que en 2010 "se ha producido una apreciable reducción del número de asuntos pendientes de resolución", hasta quedar situados en la cifra total de 24.225. Puso el acento a lo sucedido en la Sala Tercera que, gracias al plan especial de refuerzo acordado entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia, se pondrá al día en un plazo de año y medio.
Sin citarlo expresamente, Dívar se refirió al conflicto surgido entre la Generalitat catalana y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la decisión de este órgano de imponer el castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas en un plazo de dos meses. El presidente del CGPJ subrayó que las decisiones judiciales deben ser respetadas por todos, "en particular por las instituciones públicas", y recordó que los tribunales de justicia deben evitar convertirse en "protagonistas de conflicto alguno".
En su último discurso como fiscal general del Estado en este acto, Conde-Pumpido recordó también que la Fiscalía agotó todas las posibilidades para "excluir" a Bildu de las instituciones y añadió que el Ministerio Público "sigue sosteniendo" en el Tribunal Constitucional la ilegalización de Sortu.
La reforma criminal, relegada por temas "menores"
El proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende otorgar la instrucción penal a los fiscales en detrimento de los jueces, no verá la luz en esta legislatura. Este hecho es reprochado por la Fiscalía General del Estado al Gobierno, del que asegura que "la dedicación de tiempo y afán político" a temas "menores" han convertido en "inviable" el éxito de una medida que resulta "inaplazable".En su discurso, Conde-Pumpido explicó que los 2.400 fiscales están preparados para asumir "un nuevo modelo procesal que permita equilibrar verdaderamente, en clave constitucional, el poder del Estado para la persecución del delincuente y la capacidad de defensa de quien se proclama y se presume inocente". Este cambio de modelo ayudará a poner fin "al derroche de medios materiales y humanos del actual sistema, en el que casi cinco millones de procedimientos conducen a poco más de 300.000 juicios".La Fiscalía insiste en la "inaplazable necesidad" de replantear a fondo el modelo procesal -que considera "obsoleto"- y destaca que la redacción ha concluido a escasos meses de la conclusión de la legislatura, lo que imposibilitará su aprobación definitiva.Califica la elaboración del proyecto como "hito valioso" e indica que por primera vez en la historia de la democracia ha conocido la luz un texto acabado que "pueda servir a un debate riguroso y serio" para el cambio de un modelo "insostenible".El proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal establece para el juez el papel de garante de los derechos y la legalidad del procedimiento. También desaparece la figura del imputado, que se sustituye por acusado.
La cifra
4,47 millones de causas por delito se iniciaron en 2010, lo que supone un descenso del 6% en relación al año anterior.