PSOE y PP sellan un principio de acuerdo de reforma constitucional
PSOE y PP ultimaban anoche un acuerdo, con voluntad de extenderlo al menos a CiU, sobre la reforma de la Constitución para que la Carta Magna incluya limitaciones al déficit público y al volumen de deuda del Estado. Los socialistas pretenden que no se expliciten cifras concretas en el texto constitucional, algo que no parece ser un impedimento para el acuerdo con los populares.
PSOE y PP estaban anoche "muy cerca de un acuerdo definitivo" sobre una reforma de la Constitución que limite el déficit anual y el volumen de deuda del Estado. La propuesta del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que el texto constitucional no recoja cifras concretas y estas se detallen en una ley orgánica posterior no fue un impedimento para alcanzar un principio de acuerdo entre los dos grandes partidos.
El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, y su homóloga en el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, son quienes lideraron las negociaciones. La portavoz popular dijo anoche que la negociación estaba siendo "muy fructífera y fluida, como se planteó desde el principio". A falta de cerrar "los últimos retoques", la proposición de ley para la reforma se registrará esta mañana en el Congreso de los Diputados. "El acuerdo nos parece fundamental, pero aspiramos a ampliarlo a otras fuerzas políticas", dijo anoche Elena Valenciano, directora de campaña del PSOE. Los socialistas consideran prioritario atraer a CiU y que el establecimiento de límites al déficit incluya mecanismos que otorguen "flexibilidad al Gobierno de turno" para poder mantener las políticas sociales en épocas de crisis o en caso de catástrofes naturales.
La referencia para el nuevo modelo es la Constitución alemana, que recoge explícitamente que el déficit estructural del Estado no podrá superar el 0,35% a partir de 2015, mientras que los länder tienen hasta 2020 para cumplir este objetivo. La reforma constitucional busca lanzar un mensaje de confianza a los mercados en un momento en el que se mira con especial recelo a los países con elevados déficit. En España, este se sitúa en torno al 7%, cuando el Pacto de Estabilidad fija el 3% como límite razonable.
España realiza emisiones de deuda a largo plazo -hasta 30 años- y por ello se persigue trasladar a los inversores confianza en la estabilidad de las cuentas públicas. Lo que se pretende elevar a la Constitución ya figura básicamente en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2006. Esta ley establece que los ejercicios presupuestarios con crecimiento económico inferior al 2% se pueden liquidar con déficit, con avances del PIB entre el 2% y el 3%, las cuentas deben estar en equilibrio y con la actividad creciendo más del 3%, ha de haber superávit. Antes de entrar en vigor, la reforma de la Constitución dará un plazo amplio a España para equilibrar las cuentas, habida cuenta de que como consecuencia de la crisis, el déficit se ha disparado. Según explicó el miércoles la vicepresidenta económica, Elena Salgado, se fijará la fecha de 2018 o 2020 como el momento a partir del cual el déficit estructural estará limitado.
La reforma de la Constitución requiere de una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado, por lo que PSOE y PP tienen que votar juntos. De igual forma, el concurso del PSOE y del PP es imprescindible tanto para firmar una proposición de ley de reforma constitucional, como para solicitar que se tramite por urgencia y en lectura única. La iniciativa tendría que registrarse hoy a más tardar, fecha límite para solicitar la convocatoria del pleno con el debate de la toma en consideración de la reforma como único punto del orden del día.
Este primer pleno se celebraría el martes y, una vez que la reforma sea admitida a trámite, se abriría un plazo de 48 horas para presentar enmiendas de totalidad y al articulado. Estas se discutirían en una segunda sesión plenaria el viernes 2 de septiembre.
Crecen las voces que piden un referéndum
La premura con la que el Gobierno ha promovido la reforma de la Constitución y la propia idoneidad de este cambio han generado fisuras en las filas socialistas. Algunos diputados, como Antonio Gutiérrez, han solicitado la convocatoria de un referéndum y anunciado que votará en contra.CC OO y UGT exigieron ayer al Gobierno que someta a referéndum la reforma de la Constitución que está pactando con el PP, al tiempo que mostraron su "firme rechazo" a que la exigencia del "déficit cero" sea incluida en la Carta Magna. En un comunicado conjunto, ambos sindicatos avanzaron que estudiarán "con la máxima urgencia", y en coordinación con otras organizaciones sociales, eventuales movilizaciones para que la ciudadanía pueda expresar su rechazo a esta reforma.Las centrales sindicales consideran la reforma "sumamente inconveniente" porque limitará la capacidad de actuación de los gobiernos con políticas fiscales adecuadas a las diferentes fases del ciclo económico.Por su parte, CEOE y la Cepyme mostraron su "completo apoyo" al proceso de reforma constitucional para fijar el límite de déficit público. En un comunicado, ambas organizaciones empresariales manifestaron su deseo de que las negociaciones entre las principales fuerzas políticas "lleguen a buen puerto lo antes posible", para que se pueda tramitar la reforma constitucional con la celeridad "que la situación requiere".
2018-2020
La reforma de la Constitución no entraría en vigor de forma inmediata. La exigencia de limitación del déficit se aplicaría en 2018 o 2020 para dar tiempo a la economía a retornar a la situación de equilibrio después del desfase de la crisis. En Alemania se ha fijado ese momento en 2015.
