Hace falta algo más que gestos políticos
La prima de riesgo española cruzó ayer momentáneamente la peligrosa línea de los 400 puntos, un nivel de no retorno a partir del cual se disparan la rumorología, las hipótesis catastrofistas y las apuestas sobre la capacidad de un país para hacer frente a sus obligaciones financieras. Pese a que el repunte se moderó a lo largo de la jornada tras los paños calientes enviados desde Bruselas, la prima de riesgo de España parece haberse asentado en una horquilla de máximos que no se corresponde en absoluto con la solvencia efectiva del país, pero que resiste hasta el momento todos los intentos de devolver esa cota a un nivel más aceptable y, sobre todo, financieramente más soportable.
Pese a que ni los propios expertos parecen ponerse de acuerdo sobre cuál es la clave del recrudecimiento de los ataques experimentados en las últimas semanas por España e Italia -tercera y cuarta economías de la eurozona- por parte de los mercados, la coyuntura económica y política no invita al optimismo. Tras el fallido balón de oxígeno que ha supuesto el acuerdo para elevar el techo de deuda en Estados Unidos y evitar una suspensión de pagos del país -el contenido del pacto no ha satisfecho las expectativas creadas ni ha servido para aplacar el nerviosismo de los operadores-, los malos datos económicos continúan llegando desde el otro lado del Atlántico. Es el caso de las cifras de consumo estadounidense dadas a conocer ayer mismo, que revelan la primera caída del gasto en este capítulo en dos años y dibujan oscuros nubarrones sobre el futuro económico a corto plazo del país. Un futuro que, dado el peso que tiene la primera economía del mundo en el mercado global, lleva inevitablemente consigo un peligroso riesgo de contagio que pesa como una losa, especialmente sobre las economías de débil crecimiento, como España, y multiplica las dudas de los inversores. Tampoco los gestos políticos de los últimos tiempos desde Europa han sido suficientes para devolver la confianza. El acuerdo sobre Grecia ha sido percibido más como un parche que como una solución y, como consecuencia, no ha servido para proteger al resto de los países periféricos de la ola de desconfianza y temor hacia la solvencia de la zona euro.
Aunque la propia Bruselas ha desmentido de nuevo y muy oportunamente por boca de la portavoz de la Comisión Europea, Chantal Hughes, los rumores sobre un posible rescate de España, a la vez que reconocía los ajustes puestos en marcha, la situación actual obliga a adoptar la máxima de Plutarco sobre la honestidad de la mujer del César. Ello implica poner en marcha todas las medidas necesarias y hacer todos los gestos precisos para tratar de transmitir a los operadores y agentes económicos -tanto internos como externos- una inyección de serenidad, de sobriedad y de confianza sobre el hoy y el mañana de la economía española y europea. En esa línea hay que valorar la iniciativa adoptada ayer por José Luis Rodríguez Zapatero para, por encima el gesto de aplazar sus vacaciones de verano, entablar una ronda de contactos con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y con responsables políticos y económicos de otros países europeos con el objetivo de analizar la situación y valorar la posibilidad de alguna respuesta conjunta.
Pero en la situación actual los gestos políticos no bastan. Las dudas crecientes sobre la debilidad económica de España y sobre la capacidad de respuesta y compromiso de la propia UE para hacer frente a la crisis de deuda soberana hacen necesarias medidas urgentes y eficaces. En el caso español, el Ejecutivo debe aprovechar este fin de mandato para impulsar las reformas que la economía española tiene pendientes. No se puede negar que España ha realizado parte de su lista de deberes, pero tampoco que no ha sido suficiente y deberá ampliarse ahora y tras la cita electoral del 20-N. El Consejo de Ministros que se celebrará el próximo 19 de agosto, donde está prevista la aprobación de un paquete de medidas fiscales, laborales y de reducción de gasto sanitario, es una buena ocasión para hacerlo. También la UE tiene una grave asignatura pendiente: la de adoptar una solución firme y conjunta que ponga fin, de una vez por todas, a las incertidumbres y crecientes duda sobre el futuro del euro.