TRIBUNA

Auditorías ¿públicas?

Nadie que preste una mínima atención a los titulares de los periódicos puede obviar cómo el Partido Popular ha impulsado, dentro de las primeras medidas tras asumir la responsabilidad de ayuntamientos y comunidades, la realización de auditorías financieras para determinar la verdadera situación económica de dichos organismos. No puedo negar mi alegría al comprobar cómo esta profesión que ha estado en tela de juicio por escándalos financieros es ahora más valorada que nunca. Pero hay que comprender lo que realmente es una auditoría para que, cuando estén los informes encima de la mesa, no defrauden sus resultados. Según la Ley 12/2010, de 30 de junio, la auditoría de cuentas consistirá en verificar dichas cuentas a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.

Por ello, una vez que estén publicados estos informes, los ciudadanos podremos saber cuál es la situación patrimonial de nuestros organismos públicos en la fecha de entrada de la nueva corporación. La opinión del auditor dirá si los estados financieros expresan o no la imagen fiel y en caso de tener una opinión desfavorable, el porqué. Pero no sabremos si durante el mandato de los anteriores responsables hubo derroche en el gasto o austeridad financiera. Para ello debería analizarse si durante el periodo del Gobierno anterior existieron los controles internos necesarios para evitar la discreción en el gasto. De la misma manera, saber si estaban instaladas las alarmas para que saltaran en el momento en el que dichos controles no se cumplieran.

La realización de auditorías cuando va a iniciarse un nuevo mandato es cosa absolutamente recomendable. Pero para hacer la gracia completa, debería realizarse igualmente al finalizar el mandato. De esa manera los ciudadanos podrían valorar mejor la labor de un determinado Gobierno o corporación.

Otro tema de suma importancia es dejar claro a quiénes van dirigidas estas auditorías. No debemos olvidar que los accionistas o dueños de los ayuntamientos y comunidades son los ciudadanos. Por ello, estas no deben servir como arma arrojadiza entre los partidos políticos sino que deben ser una exigencia para poder evaluar a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de gestionar los impuestos y demás ingresos que con tanto esfuerzo pagamos todos los ciudadanos. Por tanto, para que lleguen a sus destinatarios estas auditorías, deben ser públicas y accesibles a todos. Nada mejor para ello que quedar publicadas en la página web del ayuntamiento o comunidad correspondiente, tal y como ocurre, por ejemplo, en las empresas cotizadas.

Termino afirmando que la iniciativa del grupo popular de aclarar la situación financiera en la que se encuentran nuestros organismos públicos es acertada. Pero opino que deberían dar un paso más y establecer los controles necesarios para evitar que los ciudadanos tengamos que preocuparnos en exceso de nuestros administradores. De esa manera, podremos ocuparnos más de nuestros empleos y empresas, tarea que ya es más que suficiente.

Pablo Luque Torrecillas. LuqueVelasco Auditores