Nuclenor recurre al Supremo la sentencia de la Audiencia sobre el cierre de Garoña
La propietaria de la central nuclear considera que siguen vigentes las razones por las que se opusieron a la clausura decidida en julio 2009
Tal como se preveía, el consejo de administración de Nuclenor, sociedad titular de la central nuclear de Santa María de Garoña en la que participan al 50% Iberdrola y Endesa, ha acordado presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la orden ministerial que fija la renovación del permiso de funcionamiento de la citada central hasta julio de 2013 y concreta para esa fecha el cese de su actividad.
Según una nota de prensa remitida ayer, el consejo de administración "ha escuchado los informes jurídicos del equipo legal" que ha asesorado a Nuclenor durante el proceso en los que se analiza de forma pormenorizada el fallo de la Audiencia Nacional sobre el recurso interpuesto por Nuclenor y 11 entidades más. A la vista de esos informes, el consejo ha acordado presentar el recurso de casación mencionado ante el Tribunal Supremo, ya que entiende que siguen vigentes y conforme a derecho las razones esgrimidas para oponerse a la orden ministerial de cierre de julio de 2009.
El consejo ha reiterado su compromiso con el futuro de la instalación y de sus empleados y ha solicitado a la dirección de la empresa que mantenga los planes, proyectos e inversiones previstos para que el funcionamiento de la central continúe siendo seguro y fiable.
Por su parte, el responsable de la campaña de Energía Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, calificó de "pataleta" el recurso de casación que Nuclenor, la empresa propietaria de la central de Garoña. En declaraciones a Europa Press, Bravo señaló que este recurso "no tiene ningún razonamiento sólido que evite que la sentencia sea firme" y que, por lo tanto, aunque ha subrayado que existía la posibilidad de que Nuclenor presentara el recurso porque "está en su derecho, otra cosa es que vaya a prosperar. Creemos que la sentencia de la Audiencia es razonada y es evidente que el Gobierno tiene todo el derecho de decidir sobre el cierre de una central nuclear por motivos de planificación energética", ha explicado, al tiempo que ha defendido que "no es arbitraria". Y afirmó que "sería absolutamente irresponsable" que Nuclenor no llevara a cabo los planes, proyectos e inversiones previstos.