TRIBUNA

Justicia gratuita, una inversión en paz social

Se cumplen 15 años de la entrada en vigor de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, que vino a dar reconocimiento y respaldo a la labor que la Constitución encargó a los abogados, que la abogacía había impulsado desde mucho antes con carácter gratuito y que un Estado social y de derecho, democrático y moderno no podía retrasar más.

Se fortalecía así un servicio público fundamental cuya misión es, nada más y nada menos, facilitar la defensa a todas aquellas personas que no tienen recursos para hacerlo. Garantizar el derecho a la defensa de cualquier persona, tenga o no recursos para pagarla. Garantizar que un abogado experto y cualificado le va a defender incluso cuando ha perdido casi todos sus derechos. El balance de estos 15 años de la ley es, en términos generales, muy positivo para la justicia y para los ciudadanos.

El pasado 12 de julio, los colegios de abogados de España aprovecharon para celebrar el Día de la justicia gratuita y del turno de oficio, con una jornada de puertas abiertas a los ciudadanos y con numerosos iniciativas: marcha ciclista, reconocimiento de las personas que más se han distinguido en esta tarea; entrega de la Carta de derechos y deberes de los ciudadanos ante la justicia gratuita y hasta el izado de una bandera de la justicia gratuita cuyo emblema es Iguales en derechos, iguales en justicia. Todo un símbolo de algo que tiene que estar siempre alto en la conciencia colectiva de los ciudadanos y de los gobernantes.

Una buena justicia gratuita cuesta dinero, no mucho dinero, se diga lo que se diga, pero el gasto en la asistencia jurídica gratuita de los más desfavorecidos, de los más vulnerables, de los que solo tienen el derecho de defensa es la mejor inversión en paz social y en la salud del Estado de Derecho. Y no están los tiempos para recortar derechos sociales fundamentales.

Más de 36.000 abogados prestan un servicio excelente, como lo han señalado pública y reiteradamente desde el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, pasando por el reconocimiento del Premio Puñetas de Plata que otorgó Acijur, la asociación que reúne a los informadores jurídicos, el pasado mes de marzo.

Y lo hacen 24 horas al día, los 365 días del año, en cualquier lugar de España a cambio de una bajísima remuneración -150, 160 euros por expediente- que, en muchos casos, no se revisa desde hace años, que no cubre ni los gastos del abogado, y que, en general, se percibe con muchos meses de retraso o, simplemente, no se cobra después de haber prestado el servicio porque se deniega el beneficio al ciudadano.

Y lo que es peor, algunas comunidades autónomas españolas hacen un ejercicio de imprevisión presupuestaria al mantener año tras año la misma partida para justicia gratuita a sabiendas de que es insuficiente y de que no se va a poder cumplir, lo que provoca esos retrasos en los pagos y esa sensación de que siempre se gasta más de lo razonable. Es un menosprecio a la función que desarrollan compañeros y compañeras con una dedicación y formación ejemplares.

El modelo español es envidiado y está siendo imitado en distintos países, dentro y fuera de la Unión Europea. Si nos lo cargamos, con la excusa de la crisis, no solo vamos a cometer un grave error sino que vamos a dejar indefensos a muchos ciudadanos que están pagando una crisis que han generado otros y de la que ellos son víctimas.

En la presentación del V Informe del Observatorio de Justicia Gratuita se ponía de manifiesto que en el año 2010 había descendido el gasto en justicia gratuita, rompiendo una tendencia de los últimos años. El sociólogo José Juan Toharia destacaba el ejercicio de transparencia de cómo se gasta ese dinero público que la abogacía viene haciendo para poner sobre la mesa, a disposición de los administrados y de la Administración, todos los datos sobre la justicia gratuita.

José Juan Toharia añadía un dato muy importante: en las últimas décadas, especialmente en estos últimos 15 años que lleva vigente la ley, se ha borrado la diferencia en la utilización de los abogados entre los poderosos y los más débiles. Entre ricos y pobres. Hoy, en la España actual, cualquier ciudadano puede acceder a un abogado, aunque no tenga dinero, para defender sus legítimos intereses y será tratado igual que el mejor cliente de pago.

El modelo de colaboración ha funcionado bien y la abogacía está dispuesta a buscar fórmulas para una mejor gestión, para evitar posibles fraudes y ahorrar costes. Pero queremos hacerlo sin menoscabo del modelo, y por supuesto, sin tocar un mínimo el derecho de defensa que todos los españoles tienen, según la Constitución, sean o no portadores de recursos económicos.

Carlos Carnicer. Presidente del Consejo General de la Abogacía Española