Cataluña reclama un 20% de los ingresos por privatizar El Prat
El consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, reclamó ayer que se destine una parte de los rendimientos que se obtengan de la privatización de El Prat para reducir la deuda de la Generalitat.
Los ingresos que se produzcan de la futura privatización del aeropuerto de Barcelona, El Prat, se han convertido en objeto de deseo para el Gobierno catalán, que ve ahí una posibilidad para rebajar su abultada deuda que supera los 34.000 millones de euros. Por este motivo, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, reclamó ayer el 20% de los ingresos de la privatización del aeropuerto de Barcelona "para limitar el endeudamiento de Cataluña, y no solo el de España".
Mas-Colell reconoció que está negociando con el Ejecutivo esta petición, que argumentó sobre la base de que el valor de El Prat depende, de la vitalidad de la economía catalana. Al mismo tiempo, exigió al Gobierno central que impida que los dos aeropuertos más grandes del país y en proceso de privatización, El Prat y Barajas, caigan en las manos de un mismo grupo empresarial. "Hay que evitar que un monopolio público sea sustituido por uno privado".
Las privatizaciones de los dos grandes aeropuertos fueron aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros, junto con la entrada de capital privado en AENA, hasta el 49% de la citada sociedad.
El PP también sigue buscando fórmulas para reducir el déficit de las autonomías. En esta ocasión, los populares presentaron ayer una proposición de ley en el Congreso que permita a las autonomías participar en las decisiones relativas a la definición del precio de los medicamentos y la prestación farmacéutica. Al mismo tiempo, proponen asegurar la reducción de los precios de los medicamentos que prescriba su patente y que se dispensen con receta médica.
Bajo incentivo al ahorro
Mientras esto ocurre, Standard & Poor's avisó ayer de una lentitud mayor de lo esperado de algunas comunidades autónomas a la hora de reducir sus respectivos déficit. La agencia aseguró que el origen de estas desviaciones parte del alto grado de autonomía de gasto de los Gobiernos regionales, los bajos incentivos que tienen para realizar recortes dolorosos y subidas de impuestos y la insuficiencia de herramientas del Gobierno central para limitar el gasto autonómico.
El déficit manchego cuadruplica el permitido
Las obligaciones pendientes de pago de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han aumentado en 829 millones de euros con respecto a la evaluación previa realizada la semana pasada, por lo que se sitúan ahora en 2.606 millones de euros, aseguró ayer el consejero de la Presidencia, Jesús Labrador. La semana pasada, el nuevo Ejecutivo que preside María Dolores de Cospedal había señalado que las facturas sin pagar por el expresidente José María Barreda ascendían a 1.742 millones, 1.000 millones más de lo dicho por este. Labrador cifró ayer el déficit manchego en el 4,9% del PIB, casi cuatro veces más del 1,3% marcado como límite anual, y una deuda que llega a 7.400 millones. El consejero insistió en la necesidad de que se celebre una reunión con la vicepresidenta Elena Salgado para analizar la situación.