Los deberes de Europa y los de sus Estados

El castigo que ayer infligieron los inversores a los activos de renta fija pública y renta variable de los países periféricos de la zona euro (la deuda española a 10 años supera ya el 6% de rentabilidad y la prima de riesgo se acerca a 340 puntos básicos) es un ejercicio tantas veces repetido que ha dejado de causar sorpresa, aunque en esta ocasión se haya superado todo umbral de dolor. Pero la extensión y la intensidad de la embestida de ayer sin una explicación explícita contundente arroja dudas adicionales sobre los mecanismos de gobernabilidad del euro, sobre todo porque por encima de los fundamentos en los que puede estar basada la corriente vendedora, queda la sospecha de que una parte de ella no tendría otra explicación que la poco clara convocatoria de una reunión extraordinaria previa a la reunión del Eurogrupo.

Las peticiones que durante el fin de semana hicieron varios líderes sobre la culminación de la construcción europea evidencia la debilidad del proyecto, por mucha fortaleza que tengan las economías que lo componen. Trichet sigue demandando en solitario la creación de un Ministerio de Finanzas europeo, mientras el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, demanda una acción más decidida sobre las agencias de calificación, como si en sus juicios radicase el mal que aqueja a la unidad monetaria europea.

Seguramente tan necesaria es una cosa como la otra, así como establecer un mecanismo institucional que resuelva estas crisis financieras en un país como se resuelve en países tan vastos como la UE, pero con unidad política y unidad fiscal. Nadie en EE UU duda de que si uno de sus miembros precisa ayuda federal por una crisis financiara, la tendrá con garantía constitucional. Mientras tanto en Europa, hasta que se ha establecido un mecanismo poco más que hilvanado de rescate, todo eran dudas, y lo serán a medida que avancen los meses sin soluciones definitivas para la deuda griega, irlandesa o portuguesa, con el agravante de que en ausencia de nacionalismo europeo en el buen sentido de la palabra (unidad política), surgirán los nacionalismos provincianos en el mal sentido del término.

Casi nadie duda que Grecia no puede pagar sus deudas, que el rescate permanente será obligado. Pero tanto los mercados financieros como los contribuyentes europeos quieren saber cuál es el coste definitivo, tanto en cuantía como en tiempo, lo que pasa necesariamente por una reestructuración de sus obligaciones, en la que encajen las pérdidas tanto los Estados socios como los acreedores. La voluntariedad a la que Francia apela para hacer frente a una reestructuración de los bonos griegos debería convertirse en obligada, porque en caso contrario serían las arcas de los grandes países europeos, y por ende los contribuyentes, quienes sostuvieran a Grecia. Es evidente que las vías de contagio de una operación así no son del todo conocidas, y que ante lo desconocido las autoridades, tras el caso de Lehman Brothers, prefieren evitar ensayos peligrosos. Pero solo admitir que todos perderán una parte de lo que invirtieron en bonos griegos evitará la sospecha continua de que todos perderán todo.

Esa es una decisión que tienen que tomar todos juntos: Consejo Europeo, Gobierno griego y acreedores, aunque mejor pronto que tarde. Pero otros países que empiezan a estar en el punto de mira de los mercados por supuesto contagio del mal griego deben hacer su propia cirugía. Ya no vale el discurso de que "nuestro rescate no ocurrirá porque somos irrescatables", muy extendido en España y ahora en Italia. Como ya hizo España hace un año largo abdicando del credo económico del Gobierno, el italiano debe adelantar el plan de ajuste que ha diseñado para los tres próximos años, porque los mercados empiezan a sospechar que el volumen que está alcanzando la deuda italiana puede convertirse en ingobernable si, por alguna casualidad del destino, una hipotética recapitalización de la banca italiana tuviese que ser atendida urgentemente por el Tesoro de Roma.