Duro pulso en el Gobierno para evitar la división de REE en dos sociedades
El ministro de industria, Miguel Sebastián, ha perdido el duro pulso con Medio Ambiente y pesos pesados del PSOE que se han alineado con las tesis del presidente de REE, Luis Atienza, en contra de la segregación de esta compañía en dos sociedades. Esta medida, que figuraba en el anteproyecto que reforma la Ley Eléctrica que se aprobará hoy, ha sido eliminada del texto.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el anteproyecto de reforma de la Ley Eléctrica por la que se traspone la directiva comunitaria sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad. Aunque la directiva gemela sobre el mercado del gas que se había tramitado en paralelo, y supone la modificación de la Ley de Hidrocarburos, fue aprobado en el Consejo de Ministros del viernes pasado, un pulso interno en el Gobierno ha retrasado en una semana la aprobación del correspondiente a la electricidad. Ambos deben ser convalidadas por el Parlamento para adquirir rango de ley.
El quid del conflicto ha estado en la propuesta que el Ministerio de Industria incluyó en el citado anteproyecto de ley, para segregar Red Eléctrica en dos sociedades diferentes, que desarrollarían las dos funciones que ahora tiene encomendada la compañía: la gestión del sistema y el transporte en alta tensión, respectivamente. La separación jurídica y patrimonial planteada suponía la creación de dos filiales diferentes que rompían con el modelo de gestor de la red y transportista único (el llamado TSO), habitual en Europa, y que siempre ha defendido a capa y espada el presidente de REE, Luis Atienza. Y que ha seguido defendiendo en las últimas semanas con la búsqueda de apoyos políticos para eliminar la escisión de la compañía que incluía el anteproyecto, del que, finalmente, ha desaparecido.
Según confirman diversas fuentes, Atienza ha encontrado los apoyos del Ministerio de Medio Ambiente y, muy especialmente, del propio PSOE. Desde el partido, se ha logrado convencer al ministro de Administraciones Públicas, Ramón Jáuregui, y al vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, a pesar de la posición en favor de la segregación que ha mantenido hasta el último momento el titular de Industria, Miguel Sebastián. Las mismas fuentes aseguran que este llegó incluso a poner su cargo a disposición del presidente del Gobierno.
Fuentes del Ejecutivo aseguran que esta medida, que ya barajó Industria hace varios años, responde a las presiones de las empresas eléctricas, que fueron expulsadas en su día del consejo de administración de REE. La separación implica un gestor más débil y con menos poderes e, incluso, deficitario económicamente, lo que supondría un mayor coste para el consumidor. Esta es la razón que esgrimió la Comisión de la Energía (CNE) para no apoyar abiertamente una medida que, por otro lado, consideraba neutra en cuanto a los beneficios para el mercado.
Sea como fuere, Atienza y los socialistas han ganado un pulso a las eléctricas, molestas, por otra parte, por la intrusión en su terreno del gestor de las redes en cierto tipo de bombeo, un negocio de generación que consideran suyo.
Con todo, para suavizar el conflicto, en el anteproyecto de ley el Gobierno ha reforzado la separación de las dos funciones de la compañía que seguirán bajo una sola empresa.
Enagás sí se divide
La segregación sí se aplicará, sin embargo, al gas, tal como figura en la propuesta de reforma aprobada el viernes pasado. En ella se fija la separación de actividades para los transportistas de la red troncal (el más importante, Enagás) y los gestores de red independiente.
En el caso de Enagás, la decisión no ha sido contestada, pues en la compañía necesitaban en cierto modo un cambio jurídico que le permitiera contar con alguna filial para negocios no regulados, para poder desarrollar nuevas actividades, que ahora tiene vetadas y con la que REE ya contaba. Por ejemplo, el proyecto del hub de gas, que proyecta, entre otros, con el Ente Vasco de la Energía (EVE).
Plazo tasado para sacar adelante las dos leyes
El conflicto interno que se ha vivido esta semana en el seno del Gobierno a cuenta de la escisión de REE defendida férreamente por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y las eléctricas ha provocado un retraso en la aprobación del anteproyecto de ley que reforma la Ley Eléctrica. El rifirrafe provocado por el ministro, que ha perdido finalmente el pulso, ha causado malestar en distintos ámbitos políticos por el riesgo que supone cualquier pequeño retraso en la tramitación parlamentaria de leyes para un Gobierno que, con adelanto electoral o sin él, tiene el tiempo tasado.El Gobierno quiere sacar adelante las reformas de las leyes energéticas con las que se adaptarán el tercer paquete de directivas comunitarias del gas y la electricidad, cuyo plazo acaba este año.En el borrador del anteproyecto de ley, que el Consejo de Ministros prevé aprobar hoy, figura un cambio en la retribución de REE (38 millones de euros este año), que en el futuro no procederá de la tarifa eléctrica, pues dejará de ser considerado un coste del sistema, sino que será financiado por las empresas eléctricas que utilicen las redes de alta tensión.Otra novedad es que se elimina la prohibición a los operadores dominantes de importar electricidad fuera del Míbel.