Fiscalidad, inversión y crecimiento
No hay peor cosa que un aeropuerto sin aviones o un tren sin pasajeros". Este aserto del ministro de Fomento, José Blanco, revela lo desacertado de una política excesivamente desarrollista en materia de infraestructuras, que podría haber superado en varios enteros las necesidades reales de la economía, aunque en buena parte los excesos se han cometido por negligencias políticas y financieras de administradores territoriales las más de las veces, apúntese al aeropuerto de La Mancha o Castellón, o al tren de alta velocidad Albacete-Cuenca. Pero detrás del planteamiento crítico del Gobierno hay una parálisis de la economía que se prolonga ya por tres años y que podría ser la causa fundamental tanto de que no haya demanda para buena parte de los servicios e infraestructuras generadas como de la incapacidad para financiar su construcción y su funcionamiento.
Lo que es evidente es que ningún país puede disponer de unas infraestructuras públicas ni de un sistema de coberturas sociales que no pueda soportar financieramente. España tiene básicamente las infraestructuras que necesita para soportar una actividad económica a velocidad de crucero, incluso algunas de ellas podrían tener problemas de saturación si el PIB creciese otra vez a tasas del 3%. Pero es cada vez más evidente que los mecanismos de financiación no han sido los mejores, y la tendencia a cargarlo todo en la espalda del dinero público se ha revelado asfixiante en cuanto los niveles de déficit y deuda han traspasado los umbrales que los financiadores consideran de riesgo.
Se pueden tener, y seguramente se deben tener, los equipamientos previstos (otra cosa es el nivel de protección social por determinados conceptos, como desempleo o sanidad), pero los administrados han de aportar más para financiarlos y mantenerlos. Sea con más impuestos, algo que es cada vez más evidente en España, o sea con mecanismos de copago que desplacen una parte de la carga a quienes de manera más regular utilizan los bienes y servicios públicos.
Tiene un alto componente ideológico el debate para determinar quién paga qué y en qué cantidad. Pero lo que no admite vuelta de hoja es que lo que se ponga en marcha debe financiarse con suficiencia, y no sobrepasar el valor de los retornos proporcionados. Las estrecheces financieras por las que atraviesa el país exigen ahora elaborar con criterio estratégico el catálogo de las obras públicas, servicios y prestaciones que necesariamente tienen que ser financiadas. Pero por el camino no está de más pensar que todo cambio en la fiscalidad debe contener también el objetivo de fomentar la actividad, puesto que una vez recuperada a niveles razonables, financiar el citado catálogo será más fácil, por el simple hecho de que habrá más aportaciones y repartidas entre más contribuyentes.