Habrá un juez de garantías, otro de control y un tercero que juzgará

Los jueces aplauden el reparto de roles con el fiscal

La reforma de los procesos penales modifica la fase de instrucción

Los jueces han aplaudido el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Gobierno aunque dudan de que tenga apoyos parlamentarios suficientes para superar el trámite en esta legislatura. El texto, que no tiene aún la condición de anteproyecto, atribuye la investigación en los procesos penales al fiscal y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También reforma la regulación de las medidas cautelares y los medios de investigación.

Según explicó ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la investigación "sustancial" en el proceso penal recae en manos del fiscal, aunque la figura del juez quedará reforzada como garante del proceso. Se atribuyen al juez tres roles diferentes a lo largo del procedimiento: un juez de garantías, otro de control en la audiencia preliminar y, por último, un juez que juzgará en el juicio.

Caamaño explicó que la reforma responde a la necesidad de establecer en España un proceso penal como el que existe en otras democracias europeas. Añadió que el principal objetivo es aumentar las garantías judiciales. La nueva regulación busca evitar "las instrucciones generales" de los procesos, que no han dado resultado.

La asociación Jueces para la Democracia saluda la reforma de la ley pero asegura que el Gobierno no tendrá apoyos parlamentarios para sacarla adelante. Este colectivo pide que, al menos, las partes del texto que regulan las fuentes y medios de prueba y sus condiciones de admisibilidad, validez y eficacia se tramiten en el Parlamento de forma urgente para que se aprueben en un corto plazo de tiempo. En su opinión, las personas investigadas y acusadas adquieren un papel central en el proceso.

El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, celebró que por fin la reforma incluya "aspectos positivos" para el proceso penal como son la regulación de las escuchas telefónicas, la grabación en vídeo de los detenidos, la inclusión de un estatuto de la víctima o la limitación de la acusación popular.

En declaraciones a Europa Press, Sexmero explicó que la sugerencia en el texto de que la nueva ley sustituya el término de "imputado" por el de "investigado" responde a la presión de los políticos y personas de influencia para evitar el estigma social que supone estar acusado en un procedimiento. Pero Sexmero considera que esta modificación sería estéril porque el reproche social hacia el investigado no variaría.

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria estima además que para otorgarle al fiscal el peso principal en la investigación en los procedimientos penales hace falta también reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal.