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Tribuna
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Finanzas locales

Desde el inicio de esta crisis económica, hay tres tipos de Administraciones que vienen actuando de manera bien diferente ante ella. Según fuentes de la Intervención General de la Administración del Estado y para el periodo 2007 a 2009, la Administración central creció su deuda en 168.058 millones de euros, un 53% de incremento, y las comunidades autónomas lo hacían en 27.139 millones, es decir, en un 45%. Nuestros municipios y demás entidades locales lo hacían en 5.319 millones, tan solo un 18%. En porcentajes del PIB, la Administración central crecía 16 puntos, las comunidades, casi 3 puntos y las entidades locales, apenas 0,5 puntos. Estas cifras desvelan que sobre endeudamiento, son la Administración central y las comunidades las que han disparado este recurso, mientras que las entidades locales parecen mantener una posición de mayor control. Ello me sugiere una primera pregunta: ¿a qué Administración se le han impuesto más limitaciones al endeudamiento? La respuesta es evidente: a las entidades locales, lo cual es extraño cuanto menos.

Pero curioso también resulta, de las cifras del Avance de la actuación presupuestaria de las Administraciones públicas elaborado también por el citado organismo para el periodo 2007 a 2009, donde los gastos de la Administración central crecieron un 32,8%, la Seguridad Social, un 24,22%, las comunidades, un 16,06%, y las entidades locales, tan solo un 7,6%. Estas últimas son, de nuevo, las que dan ejemplo de austeridad y se aprietan el cinturón en el gasto. Curioso también resulta que las comunidades sean las que más incrementen sus gastos en retribuciones salariales, un 17,37%.

A todo ello hay que unir que, por la liquidación definitiva de la participación en Tributos del Estado de los ejercicios de 2008 y 2009, las entidades locales han de devolver a este último más de 6.000 millones de euros en los próximos cinco años. Curiosa la situación, el Estado entrega a cuenta según sus previsiones de ingresos y luego informa de que se ha equivocado, solicitando la devolución una vez que las otras Administraciones han aplicado ese dinero a gasto público.

Parece poco acertado dejar la suficiencia financiera de los municipios a la eficiencia recaudatoria del Estado o a sus imprecisiones presupuestarias. Los españoles esperan de sus ayuntamientos toda la austeridad del mundo, camino que parece han escogido, pero, también, una prestación eficaz de los servicios básicos y esenciales de su competencia. Pues bien, el Estado y las comunidades han de tomar ese mismo camino y no mirar hacia otro lado. ¿Cómo es posible que en 2010 se hubiese realizado una profunda reforma de la financiación autonómica y no se haya afrontado aún la de los municipios? El tiempo que pasa sin hacer nada será causa de quejas y lamentos en el futuro. Los representantes municipales lo vienen advirtiendo desde hace algunos años.

Juan Manuel Ruiz Galdón. Economista

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