Teddy Bautista, en libertad sin fianza y con cargos
El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, Teddy Bautista, así como el director general y el director financiero de la institución, Enrique Loras y Ricardo Azcoaga, respectivamente, han quedado en libertad "con cargos y sin fianza", tras prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
También han comparecido ante el juez otros dos detenidos en la llamada operación Saga, mientras que el resto, los otros cuatro, lo hará mañana lunes.
Los nueve detenidos han permanecido en dependencias de la Guardia Civil -la comandancia de Tres Cantos y el cuartel de Las Rozas, ambas en Madrid- desde el pasado viernes, cuando fueron arrestados por los agentes encargados del caso que están analizando los documentos intervenidos en los registros practicados en la sede de la SGAE y otros inmuebles.
En esos registros, según señalaron a Efe fuentes de la SGAE, los agentes se incautaron de facturas e hicieron "back-up" (copia de seguridad) de "determinadas carpetas de determinados ordenadores".
Los investigadores acusan a los arrestados de delitos societarios y apropiación indebida por haber creado presuntamente una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado "grupo SGAE".
Entre los nueve arrestados figura el director general de la filial digital de la SGAE -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae)-, José Neri, a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva.
También están detenidas otras cinco personas relacionados con la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE.
Se trata de Antonia García y Elena Vázquez, esposa y cuñada de Neri, respectivamente, así como de Eva García, Rafael Ramos y Celedonio Martín.
En la operación han participado más de medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, así como personal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos en marzo de 2010, aunque la Guardia Civil llevaba investigándolos desde 2008.