Camps fijará también un techo de gasto en la Comunidad Valenciana

Aguirre elimina a Granados e incluye en su Gobierno a un excoordinador de FAES

La austeridad en los altos cargos que prometió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en su discurso de investidura la hizo palpable ayer con la designación de su nuevo Gobierno regional. Aguirre reduce de nueve a ocho el número de consejerías. Lo más destacado es la ausencia en el gabinete del hasta ahora consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, relacionado con la trama de espionaje a altos cargos del Ayuntamiento de Madrid.

Granados deja su puesto a Regina Plañiol, una de las tres caras nuevas en el Ejecutivo de Aguirre, junto con Salvador Victoria (Asuntos Sociales) y Percival Manglano, que ocupará la cartera de Economía y Hacienda, en sustitución de Antonio Beteta, que pasa a Transportes.

Manglano era hasta ahora director general de Cooperación al Desarrollo y fue coordinador de estudios en la Fundación FAES (2003-2004).

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, reivindicó ayer su proyecto político de los últimos ocho años en su discurso de investidura y prometió una mayor austeridad y una reforma del sistema electoral para permitir que los ciudadanos elijan directamente a los diputados. Entre sus primeras iniciativas, citó la fijación de un techo de gasto para los próximos presupuestos, la reducción de los fondos para altos cargos y entes públicos, la creación de una Junta general de contratación y compras, exenciones fiscales y la centralización de las tesorerías, que supondrán un ahorro de más de 1.150 millones de euros. La sesión estuvo acompañada de una concentración pacífica de simpatizantes del movimiento 15-M.

Por otro lado, el flamante y emocionado nuevo presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, se comprometió a ejercer su labor desde la imparcialidad y con honradez, y a "dar lo mejor" para cumplir el "encargo" de los ciudadanos de mejorar esta tierra y esta sociedad. Tirado mostró su disposición a elaborar leyes que cumplan con los criterios de justicia, conveniencia "al lugar y al tiempo", necesidad y utilidad y para que, con ellas, nadie caiga "en engaño".

La fiscalía investigará el cerco al Parlament

La fiscalía anunció ayer que abrirá diligencias para investigar los actos violentos que el miércoles protagonizaron algunos de los "indignados" de Barcelona, con insultos y ataques a diputados a los que trataron de impedir su acceso al Parlamento autonómico, según informaron fuentes judiciales.

Estas diligencias se basan en el artículo 498 del Código Penal, que castiga con pena de prisión de tres a cinco años a "los que emplearan fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una asamblea legislativa de comunidad autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaran la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto". La fiscalía ha requerido el atestado policial sobre lo sucedido.