La biomasa demanda más prima tras el fiasco del plan de renovables
El sector de la biomasa se recupera del revés que ha supuesto el objetivo de potencia instalada contemplado en el Plan de Energías Renovables 2011-2020 y centra su batalla ahora en la remuneración. La patronal APPA persigue una mejora del 25% en la prima, lo que implicaría un esfuerzo para el Estado de unos 170 millones al año.
Las empresas que aspiran a hacer negocio con la producción de energía a partir de la biomasa, biogás y residuos sólidos, se sienten castigadas por el Ministerio de Industria. Sus plegarias, en torno a una creciente cuota de protagonismo en el mix energético de aquí a diez años vista, no han sido atendidas a la vista del borrador del Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, lo que motivará alegaciones al mismo en el periodo de exposición pública. De forma paralela, han dado un cambio de enfoque en su batalla.
La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), que aúna a grupos de infraestructuras y servicios medioambientales y a firmas energéticas, se centra ahora en exigir una mejora regulatoria y en la retribución que permita acelerar la consecución de los objetivos marcados por el propio PER, revisable cada dos años.
Desde la sección de Biomasa de la citada APPA se habían fijado como suelo la solicitud de 2.146 megavatios (MW) instalados a finales de 2020, frente a los 533 MW que operan en España en este momento (el PER 2010 marcaba 1.317 MW). Sin embargo, Industria ha impuesto como meta 1.350 MW, permitiéndose un incremento de 817 MW en los próximos diez ejercicios. En cuanto al biogás, el techo se ha colocado en 400 MW, con una subida de 223 MW hasta 2020.
"No se ha reconocido el potencial de estas tecnologías como medio de desarrollo del entorno rural, prevenir incendios, evitar emisiones de CO2, o como catalizadoras de inversiones y empleo", afirma Manuel García, presidente de APPA Biomasa.
Tras distintos contactos con la Secretaría de Estado de Energía, el IDAE y Medio Ambiente, las reivindicaciones del sector se centran ahora en la búsqueda de una mejora del 25% en la prima. Una subida que supondría unos 170 millones al año al Estado y que, según APPA, tendría una repercusión de más de 400 millones anuales en los ingresos de la Administración Central por conceptos como el IVA por suministro y ventas, IRPF y ahorros por incendios, entre otros.
El avance favorecería, junto al paso de 15 a 20 años de garantía en la retribución, una aceleración en la instalación de megavatios, según las fuentes consultadas. El peso de la biomasa y el biogás en el mix eléctrico renovable en 2020, a la vista del PER, será del 2,75%. "Se nos ha castigado quizás por no haber alcanzado el objetivo de potencia instalada en 2010, pero es que el marco normativo no ayudaba", lamentan en el sector.
Una opción para desarrollar el medio rural
La actualización de las retribuciones, hasta ponerlas en línea con el coste real de instalación y explotación de proyectos, se ha convertido en reivindicación central del empresariado, además de la petición de que se detallen las materias primas y tecnologías que pueden relacionarse con la valorización.Según informes del IDAE, existen más de 19 millones de toneladas de residuos forestales sin aprovechamiento que, junto a la plantación de cultivos energéticos, podrían crear un nuevo mercado para la biomasa.En cuanto al biogás, APPA demanda un incremento del control y seguimiento de los residuos parta evitar en lo posible su final en vertederos. Por último, la petición para la energía obtenida a partir de la residuos sólidos es la creación de una categoría dentro del régimen especial de energía eléctrica.