Petición

Esade reclama moderación salarial para los funcionarios hasta que finalice la crisis

El consumo público supone un 22% del PIB de España (220.000 millones de euros). De esa cantidad, más de la mitad corresponde a los salarios de los casi tres millones de funcionarios que hay en España y el resto, al gasto corriente en el que tienen que incurrir las Administraciones para su funcionamiento diario.

Una cifra nada despreciable que ha crecido con fuerza en los últimos ejercicios y cuya moderación podría contribuir de forma decisiva para la contención del gasto público. Así lo aseguró ayer Fernando Ballabriga, profesor del departamento de Economía de Esade, quien apuntó que el salario medio público ha crecido un 5% entre 2002 y 2009, frente al 3,8% del conjunto de la economía, lo que supone un 25% de diferencia en ese periodo.

"Los salarios y los precios de la economía deben ajustarse a la productividad y no a la inflación", remarcó Ballabriga durante la presentación del informe económico que realiza la escuela de negocios. El catedrático rechazó que esa petición implique que los salarios públicos deban bajarse o congelarse (en 2010 descendieron un 5% de media y este año están congelados en ese nivel). "Solamente planteamos que deben estar sujetos a las mismas condiciones que los del sector privado", subrayó.

Ballabriga rechazó también que el sector público esté sobredimensionado, ya que el número de funcionarios sobre conjunto de ocupados representa un 13,5% del total, muy por debajo de países como Noruega, Francia o Suecia, situándose en una posición intermedia en la clasificación europea.

En su opinión, ese mayor control debe hacerse extensivo al gasto corriente y en especial al sanitario, que en los últimos ejercicios ha crecido con fuerza y ya supone el 40% de esa partida.

En cuanto al sector privado, Ballabriga abogó por dar prioridad a los convenios de empresa, lo que, a su juicio, "facilitaría pactar los salarios de acuerdo con el contexto económico, lo que permitiría frenar la escalada del paro y no desproteger a los trabajadores".