Reclamar daños por la crisis del pepino
Es probable que la alerta precipitada del Ministerio de Salud de Hamburgo en la persona de la senadora para la Salud y Protección del Consumidor, la señora Cornelia Prüfer-Storck, en relación con el brote de la infección por E. coli pueda plantear en España la cuestión de una posible compensación para los agricultores afectados por el Estado alemán. Aprovechamos la ocasión para dar una breve visión de conjunto de las posibilidades que existen para reclamar daños y perjuicios. A este respecto, hacemos especial hincapié en la reclamación de responsabilidad pública y, dentro de este ámbito, en aquellas situaciones que resultan problemáticas al realizarse una advertencia oficial sustentada en una base de hechos inseguros.
De acuerdo con el artículo 34 de la Constitución alemana, en relación con el artículo 839 del Código Civil alemán, se puede derivar una responsabilidad personal del funcionario y de la corporación en nombre de la cual ha actuado el funcionario (por ejemplo, el municipio o los länder). Requisito previo es que un funcionario público haya infringido de forma culpable su deber oficial de protección a terceros y, como consecuencia de ello, se hayan producido daños. Si se dan las condiciones previas, se concederá en principio una compensación pecuniaria.
En el caso de la alerta contra el consumo de pepino de origen español, la intervención de la senadora de Hamburgo para la Salud se ha producido en base a su obligación legal de proporcionar información de conformidad con el artículo 40 de la Ley alemana para Alimentos y Bienes de Consumo, en relación con el artículo 10 del Reglamento (CE) 178/2002. En este caso, la cesión de sus acciones al Derecho público es inequívoca.
Hay que tener en cuenta asimismo que los funcionarios tienen que cumplir con sus obligaciones de conformidad con la ley. Sus manifestaciones están sujetas, entre otras, a la obligación de realizar la más amplia investigación de los hechos y de cumplir debidamente con las obligaciones que le han sido conferidas.
En el caso de la reciente advertencia relativa al pepino procedente de España, para el cumplimiento de este requisito será crucial determinar si la senadora ha ejercido conforme a la ley su obligación de información legal y, sobre todo, si ha respondido debidamente a sus obligaciones relativas a la observación lo más exhaustiva posible de los hechos y a la subsanación inmediata de lo que posteriormente ha resultado ser (al menos parcialmente) una falsa alarma.
Además, según el Tribunal Supremo alemán, no es suficiente con que la mala conducta oficial tenga únicamente un impacto perjudicial indirecto sobre determinados intereses legales.
Aplicando estos principios, la reclamación de responsabilidad civil fracasaría por no cumplir esa condición, ya que los daños sufridos por los campesinos españoles no son más que una consecuencia indirecta de la advertencia para proteger a los consumidores contra los riesgos para la salud.
Se ha dado sin lugar a dudas en las acciones de la senadora de Hamburgo una forma de actuar negligente. De una senadora cabe esperar que, antes de emitir el correspondiente comunicado de prensa que identifica claramente los pepinos españoles como el origen de la fatal infección por E. coli, espere a recibir el resultado claro de las muestras de laboratorio. En este sentido, subyace al menos una violación del deber de cuidado por parte de la senadora de Hamburgo que ha ocasionado un daño material (in)directo a los agricultores afectados.
Resumiendo, hay que señalar que, a pesar de la existencia de un daño que fue causado por las acciones de un funcionario público, la reclamación ante un tribunal resultará complicada, en particular debido a la falta daños directos. De todo ello se desprende que, como ocurre a menudo, se recurrirá a un fondo de emergencia de la UE para ayudar a los damnificados y que el autor material, auténtico responsable, recibirá una reprimenda. Independientemente de los daños materiales a los agricultores afectados y a las empresas de logística, solo podemos esperar que se descubra la causa exacta y el origen del agente patógeno del E. coli para proteger a todos los consumidores y no haya más afectados y reacciones de pánico entre los consumidores.
Boris Kroczek. Abogado de Rechtsanwalt LKS-Wendland Abogados